SFP investigó más a Angélica Rivera que a pareja de Bartlett

Nación 21/12/2019 01:02 Susana Zavala Actualizada 20:57

Para exonerar a Manuel Bartlett de conflicto de interés, la Secretaría de la Función Pública retomó los razonamientos que usó para liberar de culpa a Peña Nieto por las propiedades de su esposa

Tras el veredicto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para exonerar al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, sobre su presunta responsabilidad en actos de corrupción y conflicto de intereses, dados a conocer por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, el pasado jueves, se aprecian varias similitudes entre los argumentos expuestos por Sandoval y los que en su momento emitió el extitular de la misma institución, Virgilio Andrade, cuando exoneró al expresidente Enrique Peña Nieto por el mismo delito en la investigación conocida como la Casa Blanca.

La similitud más obvia son los veredictos de ambas investigaciones respecto a la posesión de las lujosas propiedades en cuestión; la primera, sobre la casa de la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, emitida por Andrade Martínez, en la que aseguró que “la señora compró los bienes con recursos propios”.

El mismo argumento lo dio Sandoval Ballesteros al referirse a las propiedades a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental desde hace 20 años de Manuel Bartlett. Además, sostuvo que el titular de la CFE no estaba obligado a reportar los bienes de la mujer con la que tenía una relación afectiva, pues no era su esposa ni su concubina.

Sin embargo, la diferencia de fondo fue que en la investigación hecha a Angélica Rivera se hicieron indagatorias sobre las actividades profesionales y montos percibidos por la actriz, mientras que no se realizaron investigaciones sobre las percepciones de la empresaria Abdala Lemus.

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Por otra parte, ambos funcionarios —uno como Presidente y el otro como director de la CFE— fueron exonerados de la posible responsabilidad de entregar contratos de dependencias federales a empresas de familiares y contratistas.

Sobresale que en la investigación de la Casa Blanca fueron entrevistados 111 servidores públicos susceptibles de haber sido presionados para otorgar contratos; en el caso Bartlett, ninguno, no obstante que algunas empresas de su pareja aparecen en el censo de proveedores de CFE; lo cual —Sandoval aseguró— no obliga a la dependencia a contratarla.

Irma Eréndira Sandoval dijo: “Manuel Bartlett no influyó o participó en el otorgamiento de contratos”; Andrade expuso: “No hubo participación del licenciado Peña Nieto en el otorgamiento de contratos”.

Ambos titulares de la SFP deslindaron a los servidores públicos, pues coincidieron en que el presunto delito no se maquinó en periodos donde Peña Nieto y Bartlett, respectivamente, estaban en funciones, ya que para el exsenador la investigación sólo se concretó a partir del 1 de diciembre de 2018, fecha en que entró en funciones como director de la CFE. El argumento para el expresidente fue que Rivera había celebrado el contrato de compra-venta de la propiedad cuando su esposo aún no tomaba protesta.

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Los dos casos fueron cerrados, aunque una discrepancia se advierte entre las investigaciones, ya que en el caso Bartlett no se analizó el precio de inmuebles comprados por la familia del funcionario para verificar si había diferencias sustanciales con avalúos o referencias catastrales de la zona.

En la Casa Blanca se realizaron las pesquisas para verificar que el monto (54 millones de pesos) fuera congruente con el avalúo del inmueble; es decir, se analizó si el precio era significativamente inferior.

También se investigó la transacción entre vendedores de inmuebles y Angélica Rivera; lo que no ocurrió con las propiedades de Julia Abdala, con el argumento de que ella no era funcionaria, esposa o concubina.

Los expertos Mauricio Merino, José Antonio Crespo, Lourdes Morales y Alfonso Zárate coincidieron en que la investigación de la SFP fue sesgada y poco exhaustiva.

Para Merino, es un error técnico garrafal alegar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no le permite actuar antes del 1 de diciembre de 2018, pues la norma incluye no sólo la actuación del funcionario mientras está en funciones, sino la trayectoria de éste.

La interpretación que hizo de la ley, dice el especialista, es muy generosa en beneficio del funcionario.

José Antonio Crespo, investigador del CIDE, afirma que el formato de la exoneración de Bartlett fue muy parecido, “casi idéntico”, al de la Casa Blanca de Peña Nieto. Antes de que se iniciara el proceso de investigación, dice, el Presidente en turno marcó una línea: “Peña Nieto y López Obrador dieron línea a una institución (...) La SFP es juez y parte en estos casos”.

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Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, considera que la gran diferencia entre los casos Bartlett y Casa Blanca es que cuando Andrade analizó el escándalo todavía no se había modificado la Ley de Responsabilidades; es decir, “no había un asidero jurídico más firme” que ahora sí se tiene y que hubiera permitido que Irma Sandoval realizara una investigación profunda. “Hay tres tipos de conflicto de intereses”, dice, el real, el aparente y el potencial, y en este caso sólo se investigó parte del real.

Para Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, hay cuando menos una trayectoria cuestionable de Bartlett durante décadas, que ahora, de un plumazo, se busca redimir.

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