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Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la Mesa Directiva de la Cámara alta emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada desde octubre de 2024 que establece el salario mínimo para policías, fuerzas armadas y personal médico, que permitiría elevar sus ingresos a más de 17 mil pesos mensuales.
El coordinador de la banca priista en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, acusó que esa promesa del régimen de Morena se quedó en simple demagogia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ahí está la incongruencia de Morena. Ya nada más falta la declaratoria por parte de la Mesa Directiva y no lo han querido hacer. Tuvieron la oportunidad en esta ocasión de cierre del periodo ordinario de sesiones y la discusión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos y no lo quisieron hacer.

“Eso refleja la mentira que generó, electorera, Andrés Manuel López Obrador, porque no tienen dinero. O sea, traen un gran problema de recursos el gobierno de la República, de Morena. No les cuadran las finanzas. Y generaron una expectativa que hoy también tiene costos. Porque el sector salud, los policías y los maestros están presionando para que esto se concrete. Ya nada más falta la declaratoria”, recalcó.
Por su parte, el coordinador de la banca de MC, Clemente Castañeda, recordó que la reforma ya fue avalada por más de 21 congresos locales para proceder con el trámite, pero que el Senado ha postergado su declaratoria sin explicación clara.
El legislador jalisciense señaló la incongruencia de Morena, al aprobar y promulgar otras reformas en menos de una semana, mientras que esta modificación constitucional, que beneficiaría a más de 3 millones de familias, lleva más de un año sin que el Senado emita su declaratoria de constitucionalidad, “a pesar de contar con la aprobación de ambas Cámaras del Congreso y al menos 21 congresos locales”.
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La modificación al artículo 123 constitucional fue aprobada con 478 votos a favor en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, y con 125 en la de Senadores el 9 de octubre de ese mismo año. En las siguientes semanas, dieron su aval los congresos de Tabasco, Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Sonora, Guerrero y Guanajuato.
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