Al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.
“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalaron organizaciones como Fundación para la Justicia.
A través de un comunicado, indicaron que la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, “son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía”.

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Acusaron que las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad. Afirmaron que las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policías de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos.
“El manejo exprés de la renuncia de Gertz Manero, muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la fiscalía. Basta ver cómo operaron en tiempo récord, la renuncia de la Consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR”, recriminaron.
Así, exigieron al Senado de la República que garantice un proceso serio, y con los tiempos que se requieran, de selección público, abierto, transparente y con mecanismos de participación ciudadana para designar a la nueva persona titular de la FGR; que retome estándares internacionales para definir el perfil idóneo que deben cubrir las personas candidatas, las características a evaluar y una metodología objetiva que incluya entrevistas públicas y un verdadero escrutinio público.
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Pidieron que el Senado solicite a las personas candidatas un plan de trabajo para reestructurar la FGR de acuerdo a los grandes desafíos que presenta la institución, como eliminar la corrupción y la impunidad sobre todo en casos que más afectan a la sociedad; fortalecer las capacidades institucionales y mejorar las investigaciones ante los delitos de su competencia y los graves contextos de alta criminalidad en el país, poniendo en el centro a las víctimas.
“Que la nueva persona titular de la FGR abra convocatorias públicas para ocupar los nuevos cargos de fiscales especializados y otros relevantes de la institución, que contengan requisitos para analizar la idoneidad de las personas candidatas, principalmente en las fiscalías de derechos humanos, delincuencia organizada, control regional y delitos electorales”, dice el documento.
Y que el Senado promueva un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de la gestión del fiscal Gertz Manero y sus fiscales especiales. Pidieron que en esa evaluación se escuche a la ciudadanía, y principalmente a las víctimas y organizaciones especializadas en derechos humanos. Que el Senado emita un informe público que refleje los retrocesos y retos que enfrenta la institución, haciendo recomendaciones puntuales a partir de la escucha en audiencia pública de actores de la sociedad civil.
Recordaron que el 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que recibió del Senado un documento, respecto al titular de la FGR que estaba analizando y que daría a conocer los detalles. Horas después, el Senado de la República recibió una comunicación del ex fiscal general, Gertz Manero en la que informó que había sido invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en un país amigo y que “se retiraba” del cargo de Fiscal General.
“Desde el inicio del colectivo “Fiscalía que Sirva” varias organizaciones y colectivos intentamos que se transformara la FGR, una de las instituciones más importantes para combatir la impunidad y la violencia en nuestro país. Durante el sexenio pasado, en el colectivo contra la Impunidemia manifestamos públicamente una serie deficiencias graves en la gestión del fiscal Gertz Manero y retrocesos sostenidos en la FGR en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana”, explicaron.
Las organizaciones de derechos humanos mencionaron que han exigido a todos los gobiernos un cambio profundo y radical de las fiscalías, que garantice su autonomía del poder político y de poderes fácticos. En respuesta, señalaron, se impuso una reforma judicial que en nada tocó a las fiscalías, sino que politiza los cargos de personas juzgadoras -jueces, magistrados y ministros-, bajo el amparo de una elección “popular”.
“Todas y todos deseamos que haya mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero no sacrificando la autonomía de la fiscalía ni para garantizar pactos de impunidad, sino para investigar, acreditar con evidencia sólida la responsabilidad penal, combatir el crimen, disminuir la violencia y la impunidad de los delitos en el país”, indicaron.
Las organizaciones que respaldaron el pronunciamiento son:
Personas en lo individual:
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