Las mujeres en México destinan diariamente cuatro horas y 49 minutos al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, más del doble que los hombres, quienes dedican dos horas y siete minutos, mientras que 90 por ciento de quienes realizan labores de cuidado remuneradas trabajan en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad laboral, expuso Adrián Escamilla Trejo durante el seminario permanente de Justicia Fiscal desde la informalidad y la desigualdad, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El investigador y colaborador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, las casi cinco horas diarias que las mujeres dedican al trabajo doméstico representan alrededor de 900 horas adicionales al año de labores invisibles y no remuneradas, lo que configura las llamadas dobles y triples jornadas.
Acompañado por la investigadora Gabriela Ríos Granados, recordó que el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale entre 22 y 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra superior incluso al aporte del sector manufacturero nacional.

Durante la conferencia “La dimensión estructural del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado en México”, Escamilla Trejo sostuvo que la invisibilización de estas tareas no es un accidente cultural, sino una condición estructural que permite el funcionamiento del modelo económico actual.
Explicó que cuando las labores de cuidado son remuneradas continúan siendo actividades precarizadas, pues nueve de cada 10 trabajadoras se desempeñan en la informalidad, sin acceso a contratos, prestaciones de ley o estabilidad laboral.
Por ello, indicó, muchas cuidadoras prefieren cobrar en efectivo, no emiten recibos fiscales y permanecen fuera del sistema financiero formal, debido a que nunca han sido incorporadas como sujetas de pleno derecho dentro de la economía.
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El especialista recordó que en México el cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad debería ser responsabilidad compartida entre el Estado, empresas, organizaciones civiles y hogares; sin embargo, la mayor carga recae en las familias y particularmente en las mujeres, quienes realizan estas tareas gratuitamente o con salarios severamente bajos.
Asimismo, planteó que la preferencia por el efectivo responde a una lógica de exclusión estructural, pues quienes laboran en estas condiciones carecen de incentivos y garantías para integrarse al sistema financiero formal.
El actual coordinador de la Encuesta Nacional de Culturas, Políticas y Democracia en México 2026 afirmó que la alta confianza social en el efectivo refleja que este mecanismo ha respondido históricamente a las necesidades de sectores no reconocidos por las instituciones financieras y laborales, por lo que revertir esta situación implica reconstruir las condiciones laborales de las mayorías.
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