La organización civil Mexicanos Primero respaldó la decisión del gobierno federal de abrir un debate nacional sobre el impacto de los dispositivos digitales, las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) en niñas, niños y adolescentes, y planteó que la discusión debe desembocar en una política educativa basada en evidencia que fortalezca el derecho a aprender mediante la formación docente, la participación de las familias, el liderazgo escolar, la evaluación permanente y la reducción de brechas educativas.
A través de un comunicado, consideró que la discusión impulsada por la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el uso de dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial representa una oportunidad para construir una política pública que trascienda respuestas coyunturales y promueva una cultura digital orientada al aprendizaje.
Señaló que la transformación digital está modificando de manera profunda la forma en que niñas, niños y adolescentes aprenden, se relacionan y participan en la sociedad.

Indicó que las tecnologías digitales ofrecen oportunidades para ampliar el acceso al conocimiento, personalizar los procesos de aprendizaje y fortalecer el trabajo docente, aunque también plantean desafíos relacionados con el desarrollo cognitivo, el bienestar socioemocional, la convivencia escolar y el ejercicio pleno del derecho a aprender.
Por ello, celebró la iniciativa de la Presidencia de la República para abrir un debate nacional sobre el impacto de estas herramientas en la vida de niñas, niños y adolescentes, así como la convocatoria realizada por la SEP a especialistas, docentes, familias y distintos actores sociales.
Sostuvo que los retos asociados a la cultura digital requieren un diálogo amplio, informado y plural que coloque en el centro el interés superior de la niñez y la adolescencia.
Afirmó que una política pública en esta materia debe construirse con base en evidencia y desde una perspectiva de equidad y derechos.
De acuerdo con la organización, una cultura digital implica desarrollar conocimientos, habilidades, valores y condiciones institucionales que permitan utilizar las tecnologías para ampliar oportunidades de aprendizaje, fortalecer la convivencia y ejercer una ciudadanía responsable.
Agregó que organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones han coincidido en la necesidad de que los Estados garanticen entornos digitales seguros para la infancia, fortalezcan la alfabetización digital y promuevan responsabilidades compartidas entre gobiernos, sistemas educativos, familias y empresas tecnológicas.
Precisó que cualquier política relacionada con tecnologías digitales y educación debe colocar el aprendizaje en el centro y priorizar el bienestar socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
Añadió que el potencial educativo de las tecnologías depende de las condiciones en las que son utilizadas, entre ellas el acompañamiento docente, el diseño pedagógico, la calidad de las actividades propuestas y la capacidad de estudiantes y maestros para emplear estas herramientas de manera crítica.
Dijo que el reto consiste en formar a los estudiantes para utilizar los recursos digitales con capacidad analítica, responsabilidad ética, sentido humanista y respeto a los derechos humanos, a fin de ejercer una ciudadanía digital responsable.
Añadió que una política nacional sobre cultura digital y educación debe ser integral, evaluable, sustentada en evidencia y con capacidad para adaptarse a la rapidez de los cambios tecnológicos.
También planteó que dicha política debe articular las responsabilidades de autoridades educativas, familias, escuelas, empresas tecnológicas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Como parte de su propuesta, la organización identificó cuatro prioridades que deberían formar parte de una estrategia nacional.
La primera consiste en fortalecer la formación y el acompañamiento docente para la cultura digital.
Indicó que las maestras y los maestros son profesionales que toman decisiones sobre su práctica educativa y pueden optar por utilizar o no tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, así como determinar cuándo, cómo y para qué integrarlas a los procesos de enseñanza.
Explicó que en un contexto donde las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana, el personal docente requiere una formación inicial y continua sólida, además de acompañamiento por parte de los equipos de supervisión escolar para comprender las potencialidades y riesgos de estas tecnologías.
Mencionó que los docentes deben contar con herramientas para acompañar a sus estudiantes en un uso crítico, ético y seguro de los recursos digitales, incluso cuando decidan no utilizarlos directamente en el aula.
La segunda prioridad planteada por la organización es fortalecer el liderazgo escolar y la convivencia.
Consideró que las escuelas requieren lineamientos claros para el uso de dispositivos digitales, elaborados con la participación de docentes, estudiantes y familias, tomando en cuenta las características de cada comunidad educativa.
Afirmó que estos lineamientos deben estar sustentados en evidencia y contribuir a mejorar la atención de los estudiantes, la convivencia escolar y los aprendizajes.
La tercera prioridad se refiere al acompañamiento de las familias y al fortalecimiento de su cultura digital.
Subrayó que el aprendizaje digital no ocurre exclusivamente dentro de la escuela, por lo que madres, padres y tutores necesitan información accesible y basada en evidencia sobre los efectos del uso inadecuado o excesivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial.
Resaltó que las familias requieren herramientas para establecer hábitos saludables, promover el pensamiento crítico y acompañar el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
La cuarta prioridad consiste en reducir las desigualdades y evaluar permanentemente la política pública.
Señaló que cualquier estrategia nacional debe contribuir a cerrar brechas educativas mediante condiciones equitativas de conectividad, infraestructura y acceso a recursos digitales, particularmente en comunidades con mayores rezagos.
También planteó la necesidad de incorporar mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las políticas en los aprendizajes, el bienestar y la convivencia escolar, así como ajustar las decisiones con base en la evidencia disponible.
Argumentó que la cultura digital constituye actualmente una capacidad institucional indispensable para garantizar el derecho a aprender y consideró que México tiene la oportunidad de construir una política educativa que responda a uno de los principales desafíos de la época contemporánea.
Dijo que garantizar el derecho a aprender en la era digital implica desarrollar capacidades institucionales que permitan que las tecnologías amplíen las oportunidades educativas de todas las niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su bienestar y contribuyan a una sociedad más incluyente y democrática.
Afirmó que corresponde al Estado conducir el desarrollo tecnológico de manera que contribuya al cumplimiento efectivo del derecho a aprender.
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