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Un año después de la reforma al Poder Judicial, las redes de trabajadores y personas juzgadoras ya no funcionan de la misma manera que durante las protestas de 2024, pero permanecen en pie de lucha, aseguran la magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Emilia Molina, así como la jueza federal y expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados (JUFED), Juana Fuentes, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Ambas formaron parte de las voces visibles del movimiento en contra de la reforma y participaron en el documental “Cuando perdimos el juicio: crónica de la Reforma Judicial en México”, el cual documenta el convulso proceso de aprobación de los cambios constitucionales a través de entrevistas con personajes clave.
La crónica audiovisual recaba los testimonios de la ministra presidenta en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña; el ministro en retiro, Javier Laynez; Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia; Margaret Saterwaite, relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, así como de las periodistas Nayeli Roldán y Leticia Robles de la Rosa.
La producción audiovisual, realizada por la Fundación Konrad Adenauer México, Juicio Justo, A.C., el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y Réplica Films, recapitula los momentos y discusiones previas a la implementación de la reforma judicial, desde la discusión en el pleno y la insistencia en lograr una mayoría legislativa hasta el acercamiento de activistas a organismos internacionales y las consecuencias que enfrenta actualmente el Poder Judicial.
El documental se estrena este lunes 14 de septiembre a través de la página web cuandoperdimoseljuicio.org y en el canal de YouTube de El Gran Diario de México.
El comienzo de todo: los trabajadores
Aunque las personas juzgadoras se convirtieron en algunas de las caras más visibles de las protestas, Emilia Molina recuerda que la movilización no comenzó entre jueces y magistrados, sino entre trabajadores del Poder Judicial. “La suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales la decidieron trabajadores", recuerda.
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Fueron ellos, agrega, quienes bloquearon el acceso a las instalaciones y, una vez iniciada la suspensión, las asociaciones de personas juzgadoras se acercaron para determinar cómo podían sumarse. La unión llevó a ambos grupos a coordinar reuniones y acercamientos con actores nacionales e internacionales.
La causa que los unió desde el inicio, sostiene, no se limitaba a conservar sus puestos. “No estábamos defendiendo nuestro trabajo, puesto o nuestra silla. Estábamos defendiendo la república y la democracia”, sostiene. Sin embargo, con la implementación de la reforma esa organización cambió. La magistrada en retiro comparte que algunas asociaciones se fragmentaron cuando las personas que habían participado en la oposición decidieron registrarse como candidatas, otras abandonaron el Poder Judicial.
Ante esto, Juana Fuentes asegura que las organizaciones no desaparecieron del todo. “Siguen vigentes y levantando la voz en muchos lugares, en muchos escenarios, solo que de una forma diferente”, señala, entre ellas menciona al colectivo 32 circuitos, integrado por trabajadores de distintas entidades.
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Oponerse a la reforma, cuestión de convicciones
Para ambas juzgadoras, convertirse en figuras visibles de la oposición a la reforma significó salir de las dinámicas habituales de su profesión. Fuentes asumió esa exposición con la intención de explicar a la sociedad que, desde su perspectiva, los efectos no se limitaban a la pérdida de empleos del Poder Judicial.
“Buscaba decirle a la sociedad: ‘el derecho que va a afectar esta reforma son los tuyos, porque nosotros vamos a perder un trabajo, pero tú vas a perder al juez que te protege de gente de la violación a tus derechos’”, señala.
Molina relaciona su participación con su vocación: “hasta el día de hoy sigo creyendo en lo que hacía en la judicatura, porque hubo muchas cosas que aposté para ser juez independiente, para ser institucional y para defender mi país desde mi trabajo. Me parece que la democracia se defiende con el trabajo”, sostiene.
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La experiencia previa a la reforma, sostiene, también obligó a las personas juzgadoras a definir hasta dónde estaban dispuestas a sostener sus posiciones “algo que sí hizo (la reforma) fue enfrentarnos a nuestra propia vocación y a nuestras propias convicciones”.
El antes y el después
Emilia Molina identifica un solo avance de la Reforma Judicial: “podemos hablar del sistema de justicia y de lo que hacen los jueces en todos lados. Porque todo el mundo sabe que hubo una reforma”. Fuera de ello, su valoración es negativa. “En materia de Poder Judicial, yo no le veo ninguna ventaja. Creo que hay retroceso en todo”. Aunque reconoce que el sistema anterior “no era perfecto”, considera que la principal afectación está en la independencia judicial y ausencia de contrapesos.
Fuentes también coloca la independencia en el centro de su balance y la relaciona con la experiencia adquirida dentro de la carrera judicial. “Lo que le diría a la sociedad es que no normalice, que no se ha consumado el daño totalmente, que aquí estamos todavía jueces independientes, que seguiremos luchando por la democracia”.
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La defensa, agregan ambas activistas, continuará desde otros espacios, “probablemente ya no en las calles, probablemente ya no en los medios, sino en nuestras trincheras”, asegura Juana Fuentes, agregando que otro gran impacto que ha generado la elección es la aparición de “jueces miedosos” ante los embates del poder político y económico. Molina agrega a esto la función del Tribunal de Disciplina Judicial como elemento de presión ante quienes no estén alineados con el oficialismo.
Molina también dirige su balance hacia lo que queda a más de un año de las movilizaciones “el gran y doloroso aprendizaje que hemos tenido con la reforma judicial es que no hay nada ganado”, afirma; para ella el problema no se reduce a revertir la reforma. “Hoy, algunas de esas mismas personas que militaron y lucharon en las calles para tener garantías y derechos, hoy, los están destruyendo. Habría que que replantearnos como sociedad cómo reconstruimos una democracia, una república y estado de derecho.
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jc
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