Por el bien de la Corte, reconozcan el problema

Para Owen Fiss, la nobleza del derecho descansa en cuatro exigencias del oficio judicial: el argumento racional, la transparencia, el compromiso con los hechos y la aspiración a la imparcialidad. Fiss sostiene que los jueces deben justificar sus decisiones con razones y examinar cuidadosamente la realidad antes de ejercer el poder. Esas virtudes ofrecen una medida pertinente para evaluar el trabajo de nuestra Suprema Corte y el comportamiento de sus integrantes.

El lunes 7 de septiembre, Hugo Aguilar presentó el balance del primer año de la “nueva” Corte. Informó que recibió 15,051 expedientes, incluidos 1,479 heredados, y resolvió 13,231. Es decir, 2,640 en el Pleno y 10,591 mediante acuerdo. Concluyó: “No hay rezago, no hay ineficiencia”, aunque antes había suspendido la estadística judicial por considerar inexacta la anterior.

Días después, la Presidencia publicó un portal que, de acuerdo con el Dr. Javier Martín Reyes, no informa los tiempos de resolución, carece de datos abiertos y metodología, además de contener una contradicción elemental. Si los 15,051 asuntos incluyen 1,479 heredados, los nuevos serían 13,572; pero la suma mensual vuelve a dar 15,051. Sin antigüedad ni tiempos verificables, resolver el 88% no demuestra que el rezago haya desaparecido.

Esa semana, Arístides Guerrero reconoció que al asumir funciones encontraron “un importante rezago administrativo y jurisdiccional”, pero rechazó la comparación con la Corte anterior. A su juicio, los datos no son equiparables porque las Salas resolvían la mayoría de los asuntos sin debate público y la nueva integración delibera cada caso públicamente. La objeción mezcla dos planos: la publicidad permite evaluar transparencia; el volumen y los tiempos, capacidad institucional. Un debate más abierto puede consumir más tiempo, pero no demuestra eficiencia ni ausencia de rezago.

Su criterio también es selectivo, pues en la misma columna compara los plazos actuales con los anteriores cuando favorecen a la nueva Corte: un promedio no mayor de 60 días frente a algunos asuntos que rebasaron 365. Además, el informe que defiende cuenta 13,231 asuntos resueltos, pero solo 2,640 fueron decididos por el Pleno; 10,591 salieron mediante acuerdo. La deliberación pública no explica el total y las diferencias exigen separar sentencias, acuerdos, materias, antigüedad y tiempos, no abandonar la comparación.

La desaparición de dos Salas especializadas redujo la capacidad de trabajo paralelo. Ese es el costo que debe medirse y Guerrero puede cuestionar cuánta deliberación había en ellas, pero lo cierto es que la publicidad no exige un Pleno único: la Constitución permite dos secciones y ordena que sus sesiones sean públicas.

La reforma de junio abrió esa posibilidad. El Congreso incumplió el plazo para regularla, pero su omisión no explica toda la parálisis. El viernes Aguilar dijo que hoy “no lo ve necesario”. Ese mismo día, la ministra Yasmín Esquivel apeló a la autocrítica y aceptó que el Pleno ha ralentizado el trabajo.

En la entrevista que tuvimos, la ministra Esquivel fue aún más clara: “Actualmente, el trabajo en el Pleno es más lento que cuando se trabajaba en Salas”. Explicó que la especialización daba profundidad y fluidez, además de que dos secciones podrían duplicar la capacidad de respuesta. Al menos, reconoce el problema y propone corregirlo.

Una vez más, la Corte se enfrenta a un problema de credibilidad. Suspende estadísticas, publica cifras que no cuadran y rechaza comparaciones incómodas, pero pide confianza sin ofrecer cómo verificarla. La elección popular no convierte sus afirmaciones en verdad y acercar la justicia a la ciudadanía exige respetar el tiempo de quienes esperan sentencia y reconocer los errores del diseño. La autocrítica de Esquivel contrasta con la obstinación de Aguilar y la defensa de Guerrero, que erosionan la confianza que dicen construir.

Por eso, conviene terminar con la advertencia que Fiss me formuló: “La tarea de la abogacía es exigir justicia, criticar con fuerza cuando no se imparte y explicar por qué ciertas decisiones no son justas. Buscar instituciones utópicas es ilusorio. La responsabilidad real es exigir que las existentes hagan lo que deben hacer”.

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