Platón, en su obra La República, afirmó alguna vez que “la peor forma de injusticia era aparentar ser justo sin serlo”. Tenemos la ruta clara: nunca más un Poder Judicial indolente frente a la realidad social. Este primer año es muestra de que es posible construir un sistema de justicia más abierto, eficiente y, sobre todo, cercano a las personas, tal y como lo afirmó en su informe el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz: una justicia que entiende que “el lugar donde una persona nace no debe determinar la justicia que recibe”.
En ese contexto, el pasado 7 de septiembre, el Ministro Presidente presentó el informe “1 año de justicia real y verdadera. Nueva forma de entender y hacer justicia”, y las cifras dadas a conocer resultan reveladoras.
Al asumir nuestras funciones, encontramos un panorama desafiante, marcado por un importante rezago administrativo y jurisdiccional. Se identificaron 3,177 promociones pendientes de trámite, 345 asuntos sin acuerdo, 3,000 expedientes sin archivar y cerca de 20,000 asuntos sin depurar.
Asimismo, se recibieron 1,479 asuntos heredados de la integración anterior. Resulta particularmente preocupante que algunos de ellos permanecieran pendientes de resolución desde 2014 o 2015, incluso cuando varios ya tenían cierre de instrucción; en otras palabras, estaban listos para contar con proyecto, pero fueron abandonados en un cajón. Una situación similar se observó en diversos recursos de reclamación, pues mientras que actualmente se resuelven, en promedio, en un plazo no mayor a 60 días, algunos permanecieron pendientes por más de 365 días, es decir, 600% más.
Como resultado de estos esfuerzos desarrollados por esta nueva Suprema Corte, de los 1,479 asuntos recibidos de la integración anterior se resolvieron 1,435, representando un avance de 95.86%, permaneciendo pendientes únicamente 44 de estos. Dicho en otras palabras: somos conscientes de la importancia de una justicia pronta y expedita.
Muestra de lo anterior es que, durante este primer año, han ingresado 15,051 expedientes, de los cuales ya fueron resueltos 13,231, es decir el 88% del total recibido. Si bien es cierto que hemos logrado grandes avances en los tiempos de resolución, también hay que reconocer que aún existen áreas de oportunidad sobre las que debemos centrar y redoblar esfuerzos.
Cabe señalar que algunos medios de comunicación han difundido la idea de que esta nueva integración ha resuelto menos asuntos que la anterior. Sin embargo, esa comparación resulta inadecuada, pues los datos no son equiparables. Mientras que las extintas Salas resolvían la gran mayoría de los asuntos sin debate público y con escasa transparencia sobre las razones que sustentaban cada voto, la nueva integración sesiona públicamente y delibera cada asunto, lo que permite conocer de manera abierta los argumentos y consideraciones que respaldan sus decisiones.
El informe también destacó avances en materia de apertura institucional y cercanía con la ciudadanía. Se abrieron 12 nuevas Casas de Asesoría Jurídica Intercultural –espacios en los que se asesora, orienta y defiende jurídicamente a personas y comunidades, y en las que predomina el uso de lenguas indígenas–; se atendieron 57,659 solicitudes por parte de la Defensoría Pública; y se realizaron 20 diálogos sobre justicia, saberes, territorio y autonomía en 10 entidades federativas. Esta Corte aprendió de los errores del pasado: la justicia no debe ser solo para algunas personas, sino para todas y todos.
Además, se subrayó que la transformación impulsada por la reforma judicial no se ha limitado a cambios organizacionales o administrativos, sino también en su función jurisdiccional. Este primer año, la Suprema Corte ha emitido decisiones relevantes en materias como derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, protección del medio ambiente y derechos de niñas, niños y adolescentes, demostrando que la justicia debe comprender la diversidad de la sociedad.
Finalmente, no quiero omitir el avance que hemos logrado en la Ponencia que encabezo: durante el primer año, y respecto de los expedientes que fueron admitidos a trámite, recibimos 380 de los cuales únicamente 23 permanecen en etapa de estudio, significando un avance del 93.95% en las labores de la Ponencia de este primer año.
Asimismo, el Comité Especializado en Transparencia, el cual tengo el honor de presidir, ha resuelto 50 recursos de revisión, con lo que se puso fin a un prolongado periodo de inactividad. Desde el 23 de abril de 2023, su integración anterior no había celebrado sesión alguna; dicho en otras palabras, 863 días de irresponsabilidad y opacidad.
Desde Benito Juárez, el máximo tribunal de nuestro país no había sido presidido por una persona de origen indígena. Hoy, el ejemplo del Ministro Hugo Aguilar, nos demuestra que la justicia les pertenece a todas y todos, es testimonio vivo de que una justicia humanista exige regresar a nuestros orígenes.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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