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El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha podido concretar la firma de convenios con seis estados para el voto de personas en prisión preventiva, porque no han sido firmados por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez, quien funge como la representante legal del instituto.
En la Comisión de Organización y Capacitación Electoral se informó que el INE ha concretado convenios con 23 estados, mientras que seis más están pendientes por la falta de la firma de la Secretaría Ejecutiva.
Dos entidades más no han firmado: el estado de Veracruz rechazó participar al argumentar que no había condiciones para implementar el voto en centros penitenciarios; mientras que Yucatán señaló que no podían entregar los datos personales de las personas en prisión preventiva.
La consejera Dania Ravel señaló que las resistencias de algunos gobiernos estatales a implementar el voto en prisión genera sospechas por las condiciones en las que se puedan encontrar estas personas.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos en general es muy preocupante esta resistencia, porque una de las cuestiones que nos han dicho las personas que se dedican a la defensa de los derechos de las personas en situación de prisión, es que querían aprovechar esta visibilidad que se les da a través de que se les permita ejercer su derecho al voto, para que se pudieran mejorar las condiciones en las que se encuentran en reclusión”, apuntó.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey pidió un informe sobre el estado que tienen los seis convenios que no han sido firmados.
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