Uno de cada tres funcionarios o exfuncionarios que buscan una candidatura de la 4T para las elecciones de 2027 carecen de un patrimonio verificable. A finales de junio, Morena realizó el registro presencial de aspirantes para encabezar las “coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, figura que en los hechos representa la candidatura de la coalición oficialista para las elecciones de gubernaturas en 17 estados el próximo año.
EL UNIVERSAL analizó la trayectoria y las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público cuya identidad pudo verificarse. De ellos, 38 no tienen un registro patrimonial verificable, ya sea porque no se encuentran disponibles sus declaraciones patrimoniales, porque en ellas reportaron no tener bienes a su nombre o porque optaron por no hacer pública esa información.
En total, Morena informó que 277 personas se inscribieron al proceso, tanto de manera presencial como en línea. Sin embargo, el partido no difundió la lista completa de aspirantes, por lo que únicamente fue posible identificar y revisar la información relativa a 120 participantes, la mayoría funcionarios en activo o ex funcionarios.
Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido revisa las inscripciones y aplica filtros para descartar perfiles ligados a nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política en contra de mujeres, deudores alimentarios, entre otros. Una vez hecha la revisión, sólo quedarán un máximo de 6 aspirantes por estado que aparecerán en las encuestas cuyo resultado definirá a las coordinadoras y coordinadores de defensa de la transformación.
Patrimonio bajo la lupa
De entre 111 aspirantes con trayectoria en el servicio público, 73 tienen disponible su declaración patrimonial para consulta pública, 24 no registraron ningún bien inmueble o mueble en su declaración, en 10 casos no se localizó ninguna declaración patrimonial disponible y cuatro no aceptaron hacer pública su información patrimonial.
En algunos de los casos existen antecedentes de presuntas irregularidades vinculadas al patrimonio de quienes hoy buscan una gubernatura. Tal es el caso de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Jiménez, de quien este diario no halló declaraciones patrimoniales accesibles de manera pública.
En septiembre de 2024 el diario Reforma reveló que Caballero posee una casa ubicada en Playas de Tijuana con un valor de 16 millones de pesos. En julio de 2025, la exalcaldesa compareció ante la Sindicatura Municipal por supuestas omisiones en su declaración patrimonial vinculadas a información de su esposo. En entrevista con medios locales, rechazó haber acudido a comparecer a causa de omisiones relacionadas a su vivienda.
Tres meses después, en octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Monserrat Caballero estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La exalcaldesa ha negado estar ligada a grupos criminales e incluso aseguró que su nombre figura en carpetas de la FGR como “víctima”, según reportó Semanario ZETA en julio de este año.
Otro caso es el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien en 2025 fue señalada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero debido al manejo irregular de 898 millones de pesos durante su gestión. El órgano auditor señaló entonces la falta de transparencia y comprobantes del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Ante la falta de respuestas de parte de la alcaldesa a la petición de comprobantes del ejercicio del dinero federal, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía estatal y el ayuntamiento de Acapulco promovió una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara si el órgano fiscalizador estatal podía fiscalizar los recursos del FAISMUN. El pasado 26 de junio la SCJN anuló la auditoría.
Durante su gestión como alcaldesa, López Rodríguez no ha aceptado hacer pública la información de sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Aunque sí la presentó cuando fue diputada federal hasta 2021.
Otro caso es el de José María Tapia Franco, quien fue candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Querétaro en 2024, senador del PRI entre 2015 y 2018 y extitular del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En su última declaración patrimonial de conclusión disponible, correspondiente al año 2016, el funcionario señaló no estar de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales ni posibles conflictos de interés.
Tapia Franco ha sido objeto de investigaciones periodísticas y oficiales vinculadas a su patrimonio y su gestión en el Fonden. En 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un contrato a su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, S.A. de C.V. por 52.6 millones de euros para la adquisición de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19.
En 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que el exfuncionario adquirió un departamento de más de 6.5 millones de dólares en una zona exclusiva de Miami. El medio identificó un despunte en sus ingresos posterior al periodo en que recibió el contrato por parte de las fuerzas armadas.
EL UNIVERSAL consultó a la excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, quien afirmó que todos los servidores públicos, desde regidores hasta gobernadores, están obligados a hacer públicas las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. “La Ley General de Transparencia aplica para todos”, sostuvo.
Explicó que la única información que debe testarse son los datos personales cuya difusión afecte la vida privada de los servidores públicos, como domicilios, números de cuenta bancarios y otros datos sensibles. Agregó que las legislaciones locales no pueden establecer excepciones que impidan hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses.
17 aspirantes enfrentan denuncias o investigaciones
De entre los 120 perfiles analizados, este diario identificó al menos 17 aspirantes a las candidaturas que han enfrentado investigaciones, denuncias o señalamientos de corrupción, enriquecimiento ilícito y campañas adelantadas.
Tal es el caso de Gerardo Octavio Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, Sinaloa, de 2024 a 2025, quien dejó el cargo luego de señalamientos por acusaciones de corrupción.
En abril de 2025 la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de acreditar que el ayuntamiento de Ahome, encabezado por Vargas Landeros, celebró un contrato de arrendamiento para rentar 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos sin licitación y bajo el argumento de haberse tratado de una operación de emergencia.
En una entrevista con el medio Línea Directa, del pasado 13 de julio, el aspirante a la candidatura de Sinaloa aseguró que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito le otorgó un amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por una de las tres carpetas abiertas en su contra ante la Fiscalía General del Estado.
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De acuerdo con contratos revisados por EL UNIVERSAL, la empresa K-PARTNERS S. A. P. I. DE C. V., que comparte dirección fiscal con Grinleasing S.A.P.I. de C.V., empresa que arrendó patrullas al gobierno de Ahome, ha mantenido contratos con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y la Secretaría de Economía federal entre 2024 y 2026 por un monto de 3 millones 804 mil 528 pesos.
Las senadoras y aspirantes a una candidatura, Verónica Díaz Robles y Andrea Chávez Treviño, también han protagonizado controversias. En 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que una empresa gasolinera en la que es socia Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, recibió contratos por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular era Díaz Robles.
Por su parte, Andrea Chávez Treviño ha sido señalada de realizar actos anticipados de campaña, por brigadas de la salud en donde hubo uso de unidades médicas con la imagen de la legisladora, además del uso y reparto de artículos promocionales para, según los señalamientos de legisladores de la oposición y críticos, promover su imagen a la candidatura fuera de los tiempos legales.
Ante ello, el pasado 24 de enero, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, confirmó medidas cautelares en contra de la senadora con licencia Andrea Chávez interpuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) por, oficialmente, actos anticipados de campaña. Las medidas incluyeron el retiro de su nombre, imagen y cargo de ambulancias, unidades médicas y un consultorio en Guadalupe y Calvo, así como la suspensión de propaganda con su imagen.
Otro caso similar es el del diputado local de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien fue denunciado por el presidente de la Asociación de Agrónomos Democráticos de Guerrero en 2020 ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) debido a presunta corrupción y utilización del programa social Sembrando Vida para promoverse como candidato a gobernador.
Empresas y arrendamientos, la mayor fuente de ingresos extra
Cinco funcionarios públicos que aspiran a una candidatura registraron ingresos extra a su sueldo superiores a un millón de pesos durante un año, ya sea por participación en empresas, asesorías, rentas o inversiones financieras.
En el caso de Carlos Alberto Puentes Salas, diputado federal de Zacatecas por segundo periodo consecutivo (2018-2026), en las declaraciones patrimoniales encontradas y consultadas el legislador declaró percibir, además de una remuneración neta por su cargo de 1 millón 89 mil 343 pesos para el ejercicio fiscal de 2023, un ingreso extra por arrendamiento de 1 millón 747 mil 722 pesos anuales.
Puente Salas también declaró ser propietario de dos propiedades, una casa adquirida en 2013 y un departamento con fecha de adquisición de noviembre de 2020, con un valor reportado de 11 millones de pesos que, de acuerdo con su declaración, fueron pagados en una sola exhibición.
Jesús Alejandro Ruíz Uribe, exdirector general en la Delegación de Programas para el Desarrollo de Baja California, reportó en su declaración patrimonial de 2025 ingresos extra a su remuneración como servidor público, por 2 millones 940 mil pesos por actividad industrial, comercial o empresarial.
Dichos ingresos, de acuerdo con el documento, provienen del Centro Baja Californiano De Educacion Superior, el Centro De Educacion Superior Del Mart De Cortez y el Centro De Estudios Superiores De Baja California.
Además, manifestó ser propietario de cuatro inmuebles: tres casas, una de 350 mil pesos comprada en 2004 y dos adquiridas por donación en 2007 y 2018. También es dueño de un terreno adquirido en 2007 por 2 millones 997 mil 685 pesos. Participa en ocho empresas, aunque declaró percibir ingresos sólo por tres de ellas.
EL UNIVERSAL continuará revisando los perfiles de aspirantes a candidaturas de la 4T y otros partidos para incluirlos en un interactivo web disponible en el portal del Gran Diario de México.
Metodología: Se revisaron las últimas declaraciones patrimoniales de conclusión o inicio de los aspirantes con trayectoria en el servicio público. La información se consultó en fuentes abiertas como la Plataforma Nacional de Transparencia, Declaranet, Plataforma Digital Nacional, repositorios digitales de gobiernos locales e investigación con búsqueda avanzada en el buscador de Google.
Se consideraron vacíos patrimoniales cuando no había declaraciones accesibles, el funcionario no aceptó hacer públicos sus datos o no registró bienes a su nombre tras una trayectoria de más de tres años en el servicio público.
Investigación: Julieta Cruz, Emanuel Pardo, Joyce Castillo y Paola Ramírez
Edición: Fernando González
Diseño web: Miguel Ángel Garnica