Expertos coincidieron en la importancia de las reformas sociales para la población mexicana, a fin de transitar de programas clientelares a derechos sociales establecidos en la constitución; sin embargo, varios de ellos advirtieron problemas de financiamiento en las propuestas del Presidente .

Mario Di Costanzo Armenta, consultor financiero y expresidente de la (Condusef), aseguró que la reforma de pensiones no es una iniciativa que mejore la pensión de todos los futuros pensionados: “Esto hay que dejarlo muy claro, el beneficio de la pensión con el 100% de su ingreso se limita únicamente a los trabajadores que perciben un sueldo de menos o hasta 16 mil 777 pesos, que es el salario promedio de cotización”.

Advirtió que en la propuesta del ejecutivo no hay fuentes de fondeo certeras: “No alcanzan a fondear las reformas que se vienen en los próximos días”.

En defensa del proyecto de pensiones, Berenice Patricia Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, dijo que la iniciativa presupuesta propone la creación de un fondo semilla que en mucho ayuda a corregir los problemas de antaño.

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“Las reformas que se quieren corregir estuvieron muy mal diseñadas y profundizaron la desigualdad, exclusión, inequidad y fragmentación que ha caracterizado al sistema de seguridad social desde su creación. Con esta reforma, aspiramos a que el grueso de los trabajadores tengan mejores pensiones”, dijo.

En otro tema social, María Del Rosario Jiménez Moles, Presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal De Conciliación Arbitraje, se pronunció a favor de la reforma de las 40 horas laborales.

“Se ha demostrado que reducir la jornada laboral con la capacitación adecuada, incrementa la productividad. Países como Estados Unidos y China hablan del síndrome de fatiga que provoca muchos accidentes de trabajo. Organismos internacionales califican a México entre los países que más trabaja y menos produce y precisamente por esta fatiga laboral. Hay países que hace décadas redujeron a 40 horas y ahora hablan de reducirlo a 35 horas, es momento de hacer lo que nos corresponde”, declaró.

Jesús Eduardo Toledano Landeros, extitular del Conadis, aseguró que la reforma para garantizar apoyo a personas con discapacidad es un programa clientelar.

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“Lamentablemente el gobierno actual ha impuesto, sin consultar a la población con discapacidad, una política de atención asistencial basada en 1.4 millones de subsidios hasta la fecha que se asignan, sin control, sin transparencia, que discriminan a una gran mayoría y generan clientelismo en una minoría”, expresó.

En respuesta, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, quien coordina el eje de Derechos Sociales de Claudia Sheinbaum, aseguró que “estos programas no son clientelares, y precisamente el elevarlos a Rango constitucional les quita esa dimensión del programa clientelar”.

Dicha postura la secundó el Senador de Morena, Gabriel García Hernández, quien dijo que ya no se puede pensar en programas de dádivas, sino concebir derechos sociales establecidos la Constitución Política.

“No esperemos para establecer la pensión universal para las personas con discapacidad, no esperemos para reducir la edad para la presión del adulto mayor a los 65 años, estas reformas son detonante del crecimiento, del desarrollo, y la reducción de la pobreza, y es algo que podemos lograr a través de nuestros compañeros diputadas y diputados desde ahora y que no debería de tener bandera partidista”, aseveró.

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Finalmente, Jesús Hernández Bautista, Director de Infraestructura de Cuidado y Desarrollo infantil en la Alcaldía Álvaro Obregón, presentó, a nombre de Lía Limón, una propuesta para integrar al paquete de reformas, el regreso de las estancias infantiles.

Explicó que antes del 2018, había 9 mil estancias infantiles en todo el país, a través de un programa premiado a nivel internacional que permitía fomentar las oportunidades económicas de las mujeres.

“Beneficio a 1.9 millones de madres y a 2.3 millones de niñas y niños en todo el país. Permitió el incremento del empleo y el incremento de la permanencia en el empleo por parte de las mujeres. Con el cierre de este programa 63% de las madres que eran beneficiarias dejaron su trabajo y más de 38% de las madres dejaron a sus hijos con familiares y vecinos, por eso consideramos que debe volver”, concluyó.

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