Episcopado cuestiona lineamientos de las audiencias; “ninguna autoridad administrativa puede ser calificadora de la verdad"

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y advirtió por los riesgos que éstos implican para la libertad de expresión.

A través de un comunicado, indicó que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas (…) La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.

“La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita a garantizar las condiciones para que todos puedan buscarla y decirla, protege a la vez la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de las audiencias”, dijo.

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En ese sentido, puntualizó que la calificación administrativa por parte de una autoridad, aparejado de eventuales sanciones, respecto de la difusión de información que se considere como "falsa" o "descontextualizada", particularmente en el ejercicio periodístico de los medios de comunicación, tiene como riesgo condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad, lo cual es incompatible con el sistema democrático tutelado por nuestra Constitución, por los tratados internacionales suscritos por México, así como por diversos precedentes judiciales nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Adicionalmente, indicó que otro componente que merece atención especial es la protección de la independencia editorial, porque el proyecto faculta a la autoridad para revisar y validar los Códigos de Ética de los medios y para revisar en última instancia las decisiones de los defensores de audiencia, pudiendo ordenar rectificar o modificar contenidos.

“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, manifestó.

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Ante ello, destacó la necesidad de que la ciudadanía, los comunicadores, las universidades e instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil participen en la consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) antes del 21 de agosto de 2026.

“La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan. Confiamos, a su vez, en que las autoridades integrarán con transparencia las aportaciones recibidas”, expuso.

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