El debate en torno a los medios de comunicación debe superar la dicotomía entre libertad de expresión o control gubernamental, más aún cuando la conversación pública se desarrolla principalmente en las plataformas digitales gobernadas por algoritmos, sistemas de inteligencia artificial y corporaciones tecnológicas transnacionales exclusivamente privados.
Es necesario tener claro que las plataformas digitales no son intermediarios neutrales entre emisores y receptores.
Empresas como Meta, Google, X, TikTok o YouTube participan abiertamente en la configuración del debate público mediante sistemas algorítmicos capaces de decidir qué información se visibiliza, qué contenidos se vuelven virales y cuáles permanecen ocultos para millones de personas. Se trata ya de la censura privada.
Un reducido número de empresas privadas posee la capacidad tecnológica de influir, simultáneamente, en la deliberación política, el comportamiento electoral y la construcción de la opinión pública a escala planetaria como lo hemos visto en las elecciones de Argentina, Colombia y otras más. Por lo que la cuestión central debe ser la concentración privada del poder comunicativo.
Como han señalado distintos análisis, el funcionamiento de los algoritmos responde, fundamentalmente, a incentivos económicos orientados a maximizar la atención de los usuarios y aumentar los ingresos publicitarios. En consecuencia, los contenidos emocionales, polarizantes o sensacionalistas reciben una mayor difusión que aquellos basados en evidencia, análisis o deliberación racional.
La esfera pública es hoy un mercado donde el tiempo, la indignación y las emociones constituyen recursos económicos; la experiencia humana -materia prima para la extracción masiva de datos- funciona como mecanismo predictivo del comportamiento humano, concentrados en estructuras privadas que operan bajo criterios políticos y comerciales opacos.
La inteligencia artificial ha profundizado esta problemática por su capacidad de generar imágenes, videos, voces y textos indistinguibles de la realidad. La proliferación de contenidos manipulados, campañas coordinadas de desinformación y sistemas automatizados de influencia política están minando la democracia.
Ante este escenario, la regulación es necesaria para garantizar condiciones democráticas mínimas y para ello se tiene que establecer mecanismos de transparencia algorítmica para conocer los criterios mediante los cuales las plataformas distribuyen y priorizan contenidos; fortalecer la protección de los datos personales y limitar la utilización de información privada con fines políticos o de manipulación social; exigir la identificación del contenido generado mediante inteligencia artificial, con el propósito de reducir el impacto de la desinformación; desarrollar mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, discriminatorios o perjudiciales para su desarrollo integral, y, garantizar procedimientos transparentes para combatir campañas de manipulación digital, discursos de odio y desinformación.
Toda iniciativa regulatoria enfrenta una tensión inevitable: evitar que la intervención estatal se convierta en censura y, al mismo tiempo, impedir que el espacio público quede subordinado a intereses corporativos privados. La solución no puede consistir en sustituir el poder de las plataformas por el poder del gobierno ni en permitir que los algoritmos determinen, sin supervisión democrática, el futuro de nuestras sociedades.
El desafío contemporáneo consiste en construir instituciones capaces de proteger la libertad de expresión, el pluralismo informativo y los derechos de las audiencias en un entorno tecnológico radicalmente distinto. La pregunta es: quién controlará los mecanismos invisibles que deciden qué información vemos, qué pensamos y cómo convivimos políticamente. Cuáles son los valores que pretenden que sigamos y qué se pretende conseguir con ello. Estamos frente a una nueva disputa de poder con reminiscencias clásicas: oligarquía o democracia. Frente a ello, con todas sus complicaciones, el gobierno del pueblo sigue siendo el mejor modelo para seguir.
Embajador de México ante la OEA
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