La violencia obstétrica es un tipo de violencia contra la mujer que se ejerce constantemente y alrededor de todo el mundo. Sin embargo, no ha sido sino hasta años recientes que los tribunales internacionales y Estados han reconocido estas prácticas en la gravedad, peculiaridad e invisibilidad que les son propias. En México, en pleno 2023, la violencia obstétrica ni siquiera está contemplada como un tipo de violencia autónoma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de la Ciudad de México, se incluyó hasta el 2017. Además, solamente cuatro entidades federativas la sancionan a través de tipos penales específicos: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz.
La falta de atención, invisibilidad e impunidad en que continúa cometiéndose no es un problema aislado. La Corte Interamericana se pronunció en sentencia por primera vez apenas hasta el año pasado, en el caso Brítez Arce y otros vs. Argentina. En el resto del mundo, a pesar de la Recomendación No.9 del Comité de la Convención Belém do Pará de adoptar disposiciones que penalicen la violencia obstétrica en 2012, de los más de treinta Estados que han firmado la Convención, sólo Argentina, Suriname y Venezuela la han tipificado.
Ahora, ¿por qué la necesidad de tipificar la violencia obstétrica? Sencillo, porque las mujeres de nuestro país están siendo víctimas de conductas delictivas que, debido a que nuestra ley no las prevé de manera concreta y específica, están quedando impunes. La violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de salud, que lesione los derechos de las personas gestantes durante el embarazo, parto o postparto; y va desde gritos, regaños y humillaciones, hasta la realización de cesáreas innecesarias o esterilizaciones forzadas. Situaciones que son “normales” para las mujeres de nuestro país, pues de acuerdo con la ENDIREH de 2021, el 31.4% de mujeres que dieron a luz en ese año, fueron víctimas de alguna de esas conductas. Otra conducta constitutiva de violencia obstétrica es la falta de atención oportuna a la mujer, lo cual muchas veces es usado como amenaza o venganza ante las quejas de dolor. Al respecto, la OMS refiere que hasta el 98% de las muertes maternas son prevenibles, si tan sólo contaran con una buena atención médica durante el parto y embarazo. Las cifras hablan: la violencia obstétrica sucede, se ejerce, es real y no está siendo castigada.
En estos casos nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad especial en que las mujeres son calladas e ignoradas y, cuando valientemente alzan la voz, los médicos se excusan en su propio saber y profesión. Llamemos a las cosas por su nombre: todas y cada una de las conductas de violencia obstétrica son un delito y deben ser castigadas como tal, afectando no sólo la integridad y vida de la madre, sino extendiendo esa violencia al bebé por nacer también. Por último, creo importante de una vez por todas, reflexionar en lo siguiente: ¿qué tanto de lo que estamos cosechando hoy como sociedad, tendrá su raíz en las condiciones de violencia sobre las cuales nacimos y que ni siquiera podemos recordar?
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