Belisario Quintero
Medina se mudó a Los Mochis dando su palabra de que regresaría a Témoris, Chihuahua, su pueblo, convertido en ingeniero civil. El joven volvió, pero dentro de un ataúd de madera pintado de color blanco. En Sinaloa lo asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina. Aunque su cuerpo fue exhumado e identificado por sus familiares dos meses después del homicidio, la burocracia se empeñó en que siguiera desaparecido.
Tuvieron que pasar 18 meses, tres pruebas de ADN, dos exhumaciones y la intervención de un desenterrador para que su cuerpo fuera, finalmente, entregado a sus familiares.
El de Belisario fue uno de los 2 mil 884 cuerpos desenterrados de las casi 2 mil fosas clandestinas encontradas en el país entre 2006 y 2016, de acuerdo con el registro de las procuradurías y fiscalías mexicanas obtenido vía transparencia.
Más aún, el cuerpo del joven ni siquiera fue ingresado al servicio médico forense (Semefo) para ser correctamente identificado: de la fosa clandestina pasó a una funeraria privada como desconocido y, de ahí, de nuevo bajo el suelo, a una fosa común.
El largo camino que recorrió el cuerpo de Belisario Quintero para regresar a casa y ser enterrado por los suyos es sólo una muestra de la profunda crisis forense que se vive en México. Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que hasta el año pasado había 38 mil 891 cadáveres sin identificar que pasaron por los servicios médicos forenses en 14 años. De esos, 27 mil 271 habían sido enterrados en fosas comunes; 5 mil 783 se encontraban dentro de las cámaras frigoríficas de los servicios médicos forenses, y 2 mil 589 fueron donados a universidades. Las autoridades no proporcionaron información acerca del destino final que dieron a 2 mil 533 cuerpos y dijeron desconocer dónde quedaron 999 más.
Además, las instituciones forenses dejaron al menos 53 cuerpos en funerarias de Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Desaparecer en una fosa clandestina
En el verano de 2010, al sureste de la Sierra Tarahumara, en el poblado de Témoris, municipio de Guazapares, el señor Belisario Quintero Pérez despidió a su hijo mayor, a quien bautizó con su mismo nombre. Belisario dejaba el pueblo para irse a estudiar a Sinaloa.
Cuatro años después, el joven terminó la carrera en el tecnológico de la ciudad de Los Mochis, el corazón agrícola y económico del Valle de El Fuerte. No tuvo fiesta de graduación: el 20 de mayo de 2014 lo desaparecieron. Fue víctima de ese crimen que se hizo común y que a esa fecha afectaba a 4 mil personas en Sinaloa. Hombres jóvenes en su mayoría.
Dos meses más tarde, un grupo de personas encontró su cuerpo, casi por accidente. Estaba dentro de una fosa clandestina en una zona arbolada —conocida como El Poblado— sobre la carretera que va de Los Mochis a El Fuerte.
Ocurrió el 20 de julio de 2014. Era un día con lluvia, y un grupo de personas que buscaba a otro joven desaparecido exploraba la tierra pesada y pegajosa en un sitio que operaba ilegalmente como rastro. Ahí, entre huesos de caballo, encontraron los cuerpos de cinco personas: estaban casi irreconocibles, algunos con ropa, otros quemados.
Los medios locales informaron sobre el hallazgo a partir del reporte de la Policía Ministerial.
Estas cinco personas al menos fueron encontradas: de 2007 a 2019, en Sinaloa 4 mil 492 personas fueron desaparecidas y más de 500 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas. Aunque son pocos los cadáveres desenterrados, no siempre se logra establecer su identidad.
Los cinco cuerpos, que en un procedimiento adecuado debieron ser llevados al servicio médico forense (Semefo), llegaron a la funeraria Moreh Inhumaciones, en Los Mochis. En ese negocio los peritos del Semefo examinaron los cuerpos y les asignaron un número para identificar su expediente.
Este procedimiento anormal en Sinaloa está permitido: todos los cuerpos de personas asesinadas o encontradas en fosas clandestinas en los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome —en el norte del estado— son llevados a la misma funeraria: Moreh Inhumaciones, donde se les practican exámenes forenses y periciales. Así es desde 2005, cuando la Fiscalía y las empresas funerarias llegaron a ese arreglo de palabra.
Si hubiera sucedido en otros municipios de Sinaloa, el cuerpo de Belisario Quintero habría sido llevado a alguna otra funeraria como Comercializadora Vigón, Funeraria San Martín, Emaús Casa Funeraria, San Martín Grupo Desarrollador, Inhumaciones ABC, entre otras. Son las empresas mortuorias que en 16 municipios “prestan” sus instalaciones para la realización de los análisis que, en teoría, tendrían que hacerse en los Semefo.
Además de Sinaloa, al menos en 15 entidades del país las funerarias particulares sustituyen algunas de las funciones de los anfiteatros gubernamentales. Es así en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo según fuentes hemerográficas, expertos consultados y la confirmación directa con las propias fiscalías.
Funerarias convertidas en Semefo
Con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la capacidad de las instalaciones forenses fue rebasada una y otra vez debido a la llegada masiva de cuerpos. Ante la falta de instalaciones adecuadas, las autoridades, en casi la mitad de los estados del país, han recurrido a funerarias para realizar necropsias, hasta llegar al punto de permitir al personal de esas compañías realizar los levantamientos de cuerpos, las exhumaciones e, incluso, encargan a las empresas el resguardo de cadáveres a la espera de ser identificados o reclamados.
En Tamaulipas, por ejemplo, las autoridades forenses anotaron que en las coordinaciones del Semefo las condiciones para realizar necropsias no son óptimas, por ello han recurrido a los “anfiteatros de funerarias”.
En Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas 53 cuerpos sin identificar tuvieron como destino final una funeraria, de acuerdo a solicitudes de información realizadas para esta investigación. En Coahuila y Sonora, aunque en sus respuestas no reconocieron en un primer momento esa información, en una solicitud distinta sobre lugares externos al Semefo en el que resguardaban cuerpos, sí reportaron haber dejado 13 cadáveres en las empresas privadas. Baja California, por su parte, respondió haber utilizado espacios de funerarias del DIF y una privada cuando se le pidió las direcciones de las unidades del Semefo del estado.
La subrogación de servicios para la muerte no es una buena práctica para la identificación de cadáveres. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera que aunque las funerarias son negocios especializados en ventas de cortejos fúnebres, carecen de equipo, material y expertos para hacer trabajo forense.
“Como no ha habido un seguimiento puntual, los registros se han perdido. Hay vacío sobre quién era el responsable del cuerpo una vez que llega a los cementerios municipales”, señaló Hugo Soto Escutia, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México al ser entrevistado sobre la crisis forense mexicana.
Al romperse la cadena de custodia de un cuerpo y pasar por distintas manos e instalaciones, ocurre otra tragedia.
“Como no va a haber registros, hay una pérdida administrativa que sería la segunda pérdida del cuerpo, pero esta vez en una fosa (común) con otras 40 o 50 personas sin que se sepa en qué posición quedó o en qué nivel”, dijo.
Según el médico Soto Escutia, del CICR, en las instalaciones forenses son necesarias personas expertas para documentar los rasgos y evidencias encontradas en los huesos, dientes, huellas dactilares y la piel que aún queda en los cadáveres y, cuando tienen, la ropa. La información debe quedar en un expediente que ayudará a identificar a cada persona.
Sin infraestructura y personal médico especializado, las muestras que se tomen y queden en el registro para reconocer a las personas podrían no ser de calidad adecuada.
“Esta tiene que ser una intervención multidisciplinaria y en estos lugares (las funerarias) no se realiza intervención de médico forense, odontólogo, lofoscopista, genetista, etcétera”, dijo Soto Escutia en la entrevista. “Esto hace que reconocerlas sea más difícil”.
La fragmentada cadena de responsabilidades en la que participan personal público y privado provoca que un cuerpo levantado de una escena del crimen o rescatado de una fosa clandestina termine sin identidad en una fosa común.
Anselmo Apodaca Sánchez, extitular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, dice que las funerarias se han convertido en una especie de mafia solapada desde las instituciones.
“Hay que romper un poco ese esquema, las funerarias no pertenecen a las fiscalías”, dijo. “No sé si te acuerdes, (en) Edomex hace muchos años una funeraria levantó un cadáver en la vía pública porque la familia fue por la funeraria, se levantó en la vía pública y el helicóptero del reportero lo va siguiendo. Los servicios periciales nunca llegaron. Imagínate a cuantas cosas se puede prestar esa falta de control. ¿Un homicidio planificado? Si tienes a la funeraria que lo levante y nadie se enteró de (que había) un cadáver”.
“Da para un tema la intervención de las funerarias…”, dijo quien también fue Comisario y Director General de Criminalística de Campo en la División Científica de la Policía Federal, en entrevista para esta investigación.
De la funeraria a la fosa común
Por casualidad, el hermano menor de Belisario —que recién se había mudado a Los Mochis— se enteró de los cuerpos encontrados a 19 kilómetros de su casa, en la excavación en El Poblado. Cuando acudió a la exhumación reconoció los pantalones vaqueros que vestía su hermano cuando desapareció. Pidió ver todo el cuerpo desenterrado de la fosa y no se lo permitieron. Entonces llamó a su padre.
Los cinco cuerpos localizados en El Poblado estaban atados de pies y manos, tenían quemaduras y se encontraban dentro de bolsas negras usadas para depositar basura.
Un par de policías de la Fiscalía avisó a la funeraria. Cuando los empleados arribaron, comenzaron la excavación, un trabajo que corresponde a peritos especializados de las propias fiscalías.
Uno de esos hombres tenía en ese entonces más de una década trabajando en Moreh Inhumaciones. Pidió no ser nombrado en este reportaje para evitar represalias sobre lo que contó.
Fue contratado por sus habilidades para recoger cuerpos y la recomendación de un familiar, otro empleado que le heredó sus conocimientos antes de retirarse.
Su llegada a El Poblado no fue mero azar: es el empleado con más experiencia para desenterrar cuerpos de fosas en el norte de Sinaloa y uno de los principales ayudantes de los peritos.
La tarde del 16 de octubre de 2015 en la funeraria donde el padre de Belisario esperaba los documentos para sacarlo de ese lugar, ese sepulturero habló detalles importantes de la exhumación: los policías estaban perplejos al ver cómo en un terreno con huesos de caballos amontonados como si fueran altares había también restos de personas.
Era tal el impacto de los policías que desistieron de sacar los cuerpos y dejaron la tarea a los empleados de la funeraria.
No es poco común. Ese, aunque debe ser el trabajo de peritos, médicos y antropólogos forenses, normalmente lo hacen esas personas mientras son supervisadas por agentes de la fiscalía.
“A nosotros nos dan un aviso por la procuraduría de que hay un muerto”, narró un empleado de funeraria. “Nuestra forma de trabajo es hacer excavación, el levantamiento de cuerpo o depende de cómo sea la situación. Todos los casos son diferentes".
—¿Cómo son las excavaciones?
— Con pura mano y con mucho cuidado, que el cuerpo no se maltrate, para no dejar ninguna huella ni nada de eso”, dijo mientras revisaba una carpeta de cartón donde guardaba certificados de defunción.
—¿Les dieron un entrenamiento para el tratamiento de cuerpos?
—No. Con base a lo que ellos (hacen), los peritos o médicos forenses, que acuden a las fosas, nosotros lo hacemos. Ellos mismos nos van diciendo qué es lo que hagamos: ‘escarba aquí, escarba allá…’. Ellos nos están dando todos los pormenores de lo que hay que hacer. — explicó el desenterrador.
Recordó otras exhumaciones, como aquella en junio de 2012, en Bacayopa, en Choix, en los límites de Sinaloa y Chihuahua, donde había seis cuerpos enterrados de hombres que murieron en un enfrentamiento contra militares.
—La zona estaba ‘caliente’ y la policía no quería llegar. Fuimos solos y los narcos nos llevaron hasta ese lugar y, con lo que ya sabíamos, nos trajimos los cadáveres. Con lo que uno va aprendiendo de lo que le dicen que haga para desenterrarlos, pues.
Sobre Belisario Quintero recuerda poco, pero algo esencial: cuando lo sacó de la tumba clandestina vio que en el lado izquierdo de su cabeza tenía una bola, del tamaño de una pelota de ping pong.
Volvería a verla después, cuando examinaban el cuerpo en la funeraria.
“Convenios” de palabra
Sinaloa lleva varios años batiendo el récord de uno de los estados con más homicidios por cada 100 mil habitantes. A pesar del gran número de cadáveres que llegan a las morgues, hasta 2017 el estado contaba con 33 personas dedicadas a medicina forense; 105 a periciales, encargadas de acudir a los lugares donde se reportan los hallazgos; 32 a química forense, a cargo de analizar las evidencias, y una persona entrenada en antropología forense, dedicada a identificar restos humanos deteriorados, incompletos o fragmentados y que, en teoría, debe presentarse a todos los hallazgos de fosas clandestinas.
Debido a la saturación de las morgues, desde 2005 las autoridades de Sinaloa realizaron un convenio de “palabra” con las empresas funerarias, como lo confirma Ireyda Paredes Leyva, encargada de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General.
En una entrevista realizada en marzo de 2017, la funcionaria reconoció: “Lo ideal son los Semefo, pero recordemos que no hay otra opción, por eso es que se llegó a eso”.
El mencionado acuerdo entre las autoridades estatales y las compañías consiste en que los empleados de las empresas van por el cuerpo al lugar donde es localizado y lo trasladan a las funerarias para que los médicos forenses y peritos oficiales le realicen la autopsia.
Eso ocurre a pesar de que, desde 2014, el gobierno gastó 12.3 millones de pesos en la construcción de tres unidades más de Servicio Médico Forense que no son utilizadas y, en cambio, funcionan como bodegas.
“Con la visita física se constató que los trabajos contratados fueron terminados; no obstante, la obra no se encontraba operando”, señaló la Auditoría Superior de la Federación en 2015 sobre el edificio que se construyó en Mazatlán. A mediados de 2020, este edificio era una bodega de cadáveres apilados de personas no identificadas, pero no funcionaba como anfiteatro; el Semefo construido en Angostura es utilizado como oficina del Ministerio Público y el de Los Mochis está vacío, sigue sin utilizarse.
Al usar instalaciones ajenas a las gubernamentales, delegando a trabajadores de las funerarias obligaciones de las fiscalías, se pierden pertenencias y datos importantes para una eventual identificación de los cadáveres.
—Por dejar que utilicen sus instalaciones, ¿la empresa recibe algún pago del gobierno estatal?— se le pregunta a Jorge García, administrador de Grupo Funerario San Martín.
—No. Nosotros prestamos las instalaciones porque ellos no cuentan con la infraestructura.
A cambio, explica García, cuando un cadáver es identificado y se encuentra en sus instalaciones, a los familiares se les ofrece el servicio funerario que puede costar desde 15 mil hasta un millón de pesos, dependiendo de los servicios contratados. “Ellos son los que eligen si lo hacen o no”, dice.
En Sinaloa son 12 las empresas funerarias autorizadas para prestar sus cuartos fríos, donde desenterradores depositan los cuerpos y sus pertenencias, y peritos y médicos forenses diseccionan, toman fotografías como evidencias y abren expedientes con posibles causas de muerte.
Eso sucede en 16 de los 18 municipios del estado. Se salva Culiacán donde, desde el año 2000, funciona la única Unidad de Medicina Forense. Esta recibe también los cuerpos de personas encontradas en Navolato, un municipio a menos de 30 kilómetros de la capital.
La unidad tiene capacidad para resguardar 124 cuerpos y ahí trabaja todo el personal contratado en Servicios Periciales.
En Mazatlán, la segunda ciudad en importancia de Sinaloa, destino turístico del estado y la tercera con mayor índice de violencia, las funerarias se turnan para realizar el trabajo que debería estar a cargo del estado: una semana toca a la Funeraria San Martín recoger cadáveres, la siguiente a Moreh Inhumaciones, la próxima a Aeternus.
De la funeraria a la fosa común
Don Belisario Quintero llegó a Los Mochis un día después de que el cuerpo de su hijo fue desenterrado, en el mes de julio de 2014. En la funeraria Moreh pidió que le permitieran mirar el cadáver; reconoció a su hijo por la complexión, la estatura, los pantalones vaqueros, las credenciales del tecnológico y la de elector halladas en la ropa. No le quedó duda cuando en el lado izquierdo de la cabeza encontró aquella deformación de nacimiento: la bola de hueso del tamaño de una pelota de ping pong.
Personal de la funeraria le dijo que no podía llevarse el cuerpo hasta que la procuraduría lo autorizara.
El señor Belisario fue a la procuraduría, donde le dijeron que por el estado de putrefacción del cadáver era necesario realizarle exámenes de ADN y cotejarlos con la osamenta para corroborar su identidad. Y así lo hicieron.
El padre desconfió. Regresó a la funeraria y le pidió un favor a un empleado: conseguir un hueso de aquel cuerpo que, él aseguraba, era de su hijo mayor.
El trabajador funerario aceptó. Entró al cuarto frío, cortó un pedazo del cráneo del cuerpo que medía 1.75 metros y se lo entregó al padre.
Los resultados de los exámenes oficiales tardaron en llegar. En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa no contaba con un laboratorio de genética forense; apenas estaba en planes y sería inaugurado hasta el 8 de agosto de 2016, por lo que el Ministerio Público local solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer las pruebas. Ocho meses después, en marzo de 2015, recibió los resultados: el cuerpo del expediente SDHPDSC/UEBPD/M11/250/2015 no era el del estudiante Belisario Quintero Medina.
Tres exámenes de ADN
Desde el primer momento, el señor Belisario siguió su instinto: a la par de dejar sus muestras en la procuraduría estatal contrató los servicios de un laboratorio privado de Monterrey para que confrontara el ADN del pedazo de cráneo con una muestra de su propia sangre.
Los resultados contradecían el veredicto de la PGR.
Con su propia evidencia, Don Belisario exigió a la procuraduría estatal que repitiera los estudios al cuerpo.
En octubre de 2015, después de una tercera prueba, las autoridades locales informaron que el cuerpo identificado por Don Belisario desde el principio — pero que clasificaron como desconocido—, siempre sí era de Belisario Quintero Medina.
Cuando el papá se presentó a Moreh Inhumaciones para recoger el cadáver de su hijo recibió una nueva noticia: el cuerpo ya no estaba ahí.
Sin esperar el resultado de las pruebas, el Ministerio Público de la procuraduría había etiquetado al cuerpo del peculiar cráneo como un NI (No Identificado, en la jerga forense) y el 4 de diciembre de 2014 lo envió, junto con otros nueve cadáveres, a la fosa común del cementerio municipal de Los Mochis.
El agente y la funeraria no habían violado la ley. La regulación sanitaria permite que —con la venia del agente— una funeraria envíe a fosa común los cuerpos que en tres días no hayan sido identificados.
El espacio nunca sobra, hay que desalojar pronto. El 13 de octubre de 2015, trabajadores de la funeraria usaron una máquina retroexcavadora, palas y picos para abrir la fosa común del panteón Centenario de Los Mochis y exhumar una decena de bolsas negras que contenían cuerpos.
El papá de Belisario, el hombre que lo despidió aquel verano de 2010, estaba presente durante la exhumación.
Al abrir la bolsa que guardaba la osamenta de Belisario descubrieron el esqueleto de otra persona con un número de expediente distinto. Siguieron la búsqueda hasta que dieron con el que correspondía al número asignado a Belisario. Cuando lo sacaron y extrajeron de la bolsa notaron que el cuerpo estaba incompleto.
Le faltaba la cabeza.
Los medios de Sinaloa difundieron la noticia de la pifia: El joven que será velado y enterrado tres veces.
Por las noticias, un empleado de la funeraria que estaba en Mazatlán se enteró de lo ocurrido y viajó a Los Mochis. En la funeraria encontró al señor Belisario.
El padre reconoció de inmediato al sepulturero y su rostro cambió, había alguien conocido que podía darle mayor esperanza.
— Le pregunté que si me reconocía y me contestó que sí. Le dije que me aguantara un momento y me metí a la bodega. Ahí, estaba el cráneo en una bolsa —recuerda el funerario que un año y medio atrás había hecho el favor a Don Belisario de entregarle una pieza de su hijo.
“Hallan cráneo de Belisario”, informó el periódico El Debate el 14 de octubre de 2015: “estaba en la funeraria”.
La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa ofreció una disculpa a la familia y asumió los gastos de traslado del cuerpo del estudiante fallecido al poblado de Témoris, en Chihuahua.
“Que les sirva de experiencia a las autoridades y no autoridades para que no vuelva a suceder”, dijo Don Belisario al entrar a la funeraria. “Yo creo que es bastante difícil aceptar que pasen estas cosas porque estoy seguro que, si les pasara a ellos, la cosa sería distinta: no se les hubiera perdido su hijo ni lo hubieran mandado a la fosa común”.
Pidió ver el cuerpo antes de llevárselo a su tierra. "Confío en lo que he visto todo, en que todo coincide y, si existe Dios, voy a confiar en él", dijo.
Los empleados de la funeraria que no debía ser Semefo abrieron la bolsa de color blanco. El padre suspiró hondo. Sí, era su Belisario.
