Criminal, no atender a la infancia; es pecado social ser omisos: Episcopado Mexicano

A pesar del avance en las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes en el país, la situación en la que está viviendo la infancia en México es alarmante, señalaron especialistas durante el "Foro Justicia y Seguridad", organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc).

Refirieron que es necesario promover una cultura de cuidado de los niños, ya que están fuera de las agendas políticas, y ello propicia que sean víctimas de explotación laboral, sexual y por el crimen organizado.

Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que cuidar a los niños mexicanos debe ser prioridad de todos ante "la polarización, la división social, la violencia, la destrucción del tejido social y la desatención gubernamental de amplias capas de la sociedad".

"Como sociedad mexicana necesitamos acercarnos a la infancia, acogerla en su fragilidad, respetar su sana inocencia, incentivar su curiosidad y participar de su alegría", comentó.

Dijo que es "verdaderamente criminal que desatendamos a los niños, que los alejemos de nuestras principales preocupaciones y que pasen al último lugar de importancia de nuestras agendas".

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"Es un pecado social y una estructura de pecado de la que no podemos ser cómplices y menos responsables por omisión", afirmó.

Monseñor Castro expuso que la iglesia, de unos años a la fecha, ha tomado con seriedad el tema de la violencia contra los niños, en su interior.

"Ahora se practica la tolerancia cero y se están implementando muchísimas medidas para que no ocurra jamás. Hemos reconocido nuestro pecado y estamos en la enmienda", finalizó.

Por su parte, la doctora Mónica Chávez Aviña, presidenta de Imdosoc refirió que a la sociedad civil debe promover una cultura de cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

"Participar en la elaboración y reformas políticas públicas que atiendan la educación, la salud y la protección social. Economías más sostenibles para la infancia, recuperar la educación integral, de manera especial, aquellos que viven en situación de vulnerabilidad; comprometernos como ciudadanos a buscar el buen vivir de niños y niñas", abundó.

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Expresó que la población infantil y adolescente en México, América Latina y El Caribe viven, actualmente, en una situación alarmante, ya que 45% de ellos están en pobreza, sobre todo la población indígena y afroamericana.

Detalló que la situación se agravó durante la pandemia por Covid-19, ya que al no tener acceso a internet o las habilidades digitales, se perdió un año y medio de aprendizaje, y "afectó a los mas pequeños, a los más vulnerables".

"Es alarmante pensar que, de 12 países, ocho, el 60%, son menores de 18 años que no tenían en la época de la pandemia una posibilidad para poder educarse", comentó.

Señaló que existe una "crisis silenciosa en la educación" causada por la pandemia, y es prioritario atenderla, porque causa flujo migratorio, pobreza, desintegración familiar y social, abandono, maltrato y violencia familiar.

"Vemos que el destino es la discriminación, el consumo de drogas, prostitución, el acoso policial y la delincuencia. Lo que nos toca es indignarnos, decir basta, no más. Por eso la iglesia queremos estar comprometidos a escuchar los clamores de justicia y de manera profética ver discernir y actuar", sentenció.

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Durante su participación, la doctora Raquel Pastor Escobar, fundadora de Infancia Común, A. C. y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A. C., señaló que existen relaciones asimétricas entre los adultos y los niños y niñas, por lo que es responsabilidad de los primeros ver cómo los podemos proteger, tal vez a partir de la educación.

"Las niñas y niños son personas con derechos, se debe tomar como punto de partida, a pesar de ello están fuera de las agendas", lamentó.

Explicó que, en México, las niñas, niños y adolescentes son la tercera parte de la población 30.4%, pero a pesar de avanzar en las leyes de protección, los recursos para implementar las, son insuficientes.

"Aunque tenemos estos grandes avances en la ley y en los sistemas, realmente los recursos que tiene, por ejemplo, las procuradurías de protección para atender a la población cuyos derechos son violentados, son completamente insuficientes", detalló.

"Aunque redujéramos muchísimo el número de niños que tuvieran que atender, no es suficiente; hay ahí, entonces, sí una ley y un sistema, pero muy pocas posibilidades para que se atiendan. Y para acabarla de amolar, también tenemos una presidencia que no quiere el sistema de protección integral, y quisiera, por lo menos, que el DIF asumiera todas las funciones que por ahora tiene el sistema de protección integral", lamentó.

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