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Una jueza federal confirmó la orden de captura que se libró en febrero de este año contra el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la construcción a sobreprecio de siete cuarteles de la Policía Estatal, en el que está acusado también el exgobernador del estado, Silvano Aureoles.
Corona Martínez, considerado prófugo de la justicia, tramitó un amparo ante la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, al considerar que el mandamiento de captura viola sus derechos fundamentales porque no fue motivado ni fundado por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Patricia Sánchez Nava.
Sin embargo, en su sentencia, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, Viridiana Berenice Quiroz, negó la protección de la justicia al exfuncionario michoacano porque determinó que la orden de aprehensión se justifica por haberse cumplido los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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“En el caso, se estima que, en la determinación reclamada, la jueza responsable cumplió con la obligación de fundar y motivar adecuadamente el acto que se impugna”, resolvió.
Derivado de una denuncia presentada por la Contraloría de Michoacán, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, de participar en el esquema de compra a sobreprecio, arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición de siete cuarteles de la Policía Estatal que fueron desarrollados en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Lo anterior, pese a que la Inmobiliaria DYF no contaba con los años de experiencia, infraestructura ni propiedades en los cuales supuestamente ofertó el servicio.
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La investigación inició el 24 de febrero de 2022, con motivo de la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Contraloría de Michoacán ante la FGR.
mahc/apr
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