El nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) alista una reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) con el cual pretende “marginar” a académicos de universidades privadas para ya no darles apoyos económicos y que sean sus propias instituciones las que les otorguen los recursos.
En un adelanto de la reforma que se encuentra en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el Conahcyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla Roces, explica que la población objetivo del Reglamento del SNII son las personas de nacionalidad mexicana o extranjera que realicen actividades en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público en México.
Los trabajadores de universidades privadas sólo podrán solicitar el reconocimiento en el SNII siempre y cuando sus instituciones hayan hecho un convenio con el Conahcyt.
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Justifica que esta reforma debe atender la diferencia existente entre las universidades del sector público y el sector privado, debido a que estas últimas generan ganancias a través del cobro de colegiaturas y otras aportaciones por parte de los clientes que adquieren sus servicios educativos, además de que generan plusvalía al explotar el trabajo y la producción intelectual de las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras.
“Se establece que los trabajadores de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México sólo podrán solicitar reconocimientos en el SNII siempre que dichas instituciones del sector privado hayan celebrado un convenio con el Conahcyt mediante el cual asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan el reconocimiento”, destaca el documento del Consejo Nacional.
Consultados al respecto por EL UNIVERSAL, especialistas aseguran que esta medida del Conahcyt, por la que se han presentado más de un millón de amparos, es discriminatoria y prejuiciosa, además de que tiene una carga ideológica.
Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que por esa medida ya se presentaron controversias constitucionales por parte de la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para echar abajo esa disposición que afecta a unos 2 millones de investigadores privados del país, quienes, de acuerdo con una estimación del investigador del ISS, reciben aproximadamente 20 millones de pesos anuales del SNII.
“Esta es una cantidad poco significativa para lo que es el presupuesto del Conahcyt, lo que refleja que no es por un tema principalmente económico, sino más bien de corte ideológico, que es estar en contra de la participación del sector privado en estas actividades”, argumenta.
El investigador de la Máxima Casa de Estudios comenta que ante tal medida varios investigadores privados se ampararon y una gran mayoría ha ganado los procesos. “Y lo han hecho al argumentar que esa medida es discriminatoria y contraria al espíritu del Conahcyt, que busca desde su origen ser un sistema nacional, no solamente de carácter público; por lo tanto, debe contar con la presencia y colaboración de las entidades del sector privado que se dedican a la ciencia, a la tecnología y a la innovación”, dice.
Rodríguez agrega que aunque varios investigadores privados han ganado la mayoría de los amparos que han sido interpuestos, “el Conahcyt está empecinado en lograr esa medida, que en realidad lesiona, de mala manera, al sector privado que participa en actividades de desarrollo científico en el país”.
Coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández Martínez, comenta que esa disposición, además de ser anticonstitucional, discrimina a los investigadores de instituciones privadas.
“La contribución a la ciencia de los investigadores privados es tan valiosa como la que realizan los colegas de la pública. Con esta disposición se lastiman aún más las condiciones para contribuir a la ciencia en nuestro país”, dice.
Fernández Martínez expone también que la referida medida está cargada de prejuicios, pero además externa que el Conahcyt ya no cuenta con recursos porque “el actual gobierno ha venido derrochando el dinero para la investigación. Ante los escasos recursos y los prejuicios ideológicos, han decidido hacer a un lado a los investigadores privados”.
Asegura que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conahcyt, miente cuando afirma que las instituciones privadas hacen negocio con la investigación.
“¿Por qué no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía o ante la Secretaría de la Función Pública. Es la misma lógica que tiene el actual gobierno: acusar sin fundamentos”, dice.
Integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado expone que Álvarez-Buylla aún no puede cantar victoria porque están pendientes las controversias constitucionales que interpuso la oposición en el Congreso y más de un millón de amparos presentados por los investigadores, que aún están en proceso.
“Entonces, que no cante total victoria, la verdad. Aún están pendientes por resolverse un sinfín de amparos y las controversias, que podrían echar abajo esa disposición que claramente atenta contra la investigación privada”, dice.
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