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Mientras la Península de Yucatán enfrenta un déficit eléctrico crítico, CFEnergía, S.A. de C.V. mantiene apagados 135 megawatts de capacidad instalada, pese a que la infraestructura está terminada y lista para generar. La rescisión del contrato CFEn-CON-DIE-004-2025 no es un error administrativo, es una acción que pone en riesgo el suministro eléctrico y la inversión privada en el sureste del país.
El proyecto fue desarrollado por un consorcio liderado por Mejicali Turbine Energy (MTE), con financiamiento de Grupo Fox, que respaldó la inversión necesaria para llevarlo a cabo. La iniciativa contemplaba centrales estratégicas en Cancún, Chankanaab y Xcalacoco, con un capital total superior a mil 238 millones de pesos.
Pero CFEnergía decidió cortar la corriente antes de tiempo, alegando retrasos que, según la documentación del proyecto, fueron provocados directamente por las mismas imposiciones y modificaciones de la paraestatal.
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CFE firmó el contrato con casi un mes de retraso, pero exigió cumplir los plazos originales, reduciendo de 78 a sólo 51 días el tiempo real de ejecución. Además, impuso cambios unilaterales en los sistemas de protección, obligando al privado a gastar más de 6.2 millones de dólares adicionales.
Para colmo, la paraestatal incumplió con el suministro de energía para servicios propios, indispensable para arrancar las centrales, y negó el plazo de 30 días que el contrato estipulaba para corregir anomalías. El mensaje es claro: no quieren que estas plantas funcionen.
Los equipos están instalados, listos para generar, pero CFE los mantiene apagados. Y en días recientes, la paraestatal comenzó a retirar de manera arbitraria los equipos en Cancún y Punta Nizuc, sin notificar a MTE ni a sus socios, incluyendo a Grupo Fox. Esta acción agrava la crisis y demuestra que el bloqueo no es casual: es un sabotaje administrativo que pone en riesgo a toda la región.
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Expertos advierten que estas decisiones incrementan el riesgo de apagones, encarecen el suministro y envían una señal devastadora de inseguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros.
A pesar de la gravedad del asunto, la Secretaría de Energía no ha emitido un pronunciamiento. Su silencio —en un tema de esta magnitud— pone en duda la supervisión y el liderazgo del sector energético. ¿Se está avalando implícitamente una decisión que perjudica la soberanía y la seguridad eléctrica del sureste?
La situación actual ha derivado en afectaciones a Cargill, financiera clave en el proyecto, y la empresa brasileña Tecnogera, quien vendió los equipos, toda vez que parte del pago de los equipos se haría con el flujo de CFE que pagaría mensualmente a MTE, y por la cancelación del contrato no ha sido posible cumplir con el acuerdo.
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En caso de que MTE no llegue a un acuerdo con CFEnergía en el corto plazo, MTE tiene en su defensa irse a un arbitraje internacional, lo que significaría que México pierde credibilidad en proyectos de inversión extranjera y, sobre todo, en materia energética, en un momento crítico en que el país entra en una fase de déficit eléctrico nacional.
MTE, Grupo Fox y los demás socios exigen la instalación inmediata de una mesa de trabajo, coordinada por el Corporativo Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, que permita redefinir el contrato y poner en operación los 135 MW ya instalados.
La infraestructura existe. El capital ya fue invertido. La energía es urgente. Con plantas listas, inversión ejecutada y una región al borde del desabasto, la discusión ya no es técnica: es política. ¿Quién ordenó apagar 135 megawatts en la Península de Yucatán?
La Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo federal no pueden permanecer al margen de una decisión que compromete la seguridad energética nacional. En este caso, la omisión también es responsabilidad, y el silencio institucional profundiza el daño al sistema eléctrico y erosiona la confianza pública.
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