Asesor de senadora, detenido con cocaína, cobraba $60 mil al mes

Mario Espinoza, detenido el pasado martes tras protagonizar un incidente vial con policías capitalinos mientras iba con la senadora Claudia Balderas (Morena), trabajó como asesor legislativo de ésta al menos hasta diciembre de 2019, cobrando mensualmente 60 mil pesos bajo el régimen de honorarios.

De acuerdo con documentos de transparencia de la Cámara Alta, consultados por EL UNIVERSAL, el último contrato firmado por Espinoza Zetina fue por 360 mil pesos, monto que se le otorgó en el segundo semestre del año pasado, en 12 pagos de 30 mil pesos.

En la base de datos de estos acuerdos otorgados a personal por honorarios del Senado de la República, actualizada hasta enero pasado, también se encuentra su primer convenio firmado, que era de una cantidad mucho menor al último.

El contrato firmado en septiembre de 2018, correspondiente al primer periodo de sesiones de la 64 Legislatura —hasta diciembre de ese mismo año—, incluye ocho pagos de 15 mil pesos, dando un total de 120 mil pesos por sus servicios prestados como asesor.

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En respuesta a una solicitud de transparencia que realizó un particular en mayo de 2019, se presume que Espinoza Zetina estuvo desde el principio de sus funciones asignado a la oficina de Balderas y que su salario era superior al de otras personas con el mismo cargo.

El Gran Diario de México consultó la base de datos pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del rubro del Senado para cotejar los nombres de los otros tres asesores de la morenista, así como sus ingresos mensuales.

Se encontró que Fanny Krystel Benítez Carreón también firmó un último contrato por honorarios, vigente de julio a diciembre de 2019, correspondiente al periodo pasado de sesiones; recibió pagos quincenales de 12 mil 500 pesos para obtener un monto total de 150 mil pesos.

También se halló el documento, por el mismo periodo, de Marina del Carmen Cruz Cruz, quien obtuvo dinero cada 15 días por la cantidad de 10 mil pesos (120 mil pesos por todo el semestre). Del otro asesor que menciona la respuesta pública de transparencia, Irving Alejandro Escudero Zavala, la base de datos sólo proporciona el que correspondió al segundo periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura, comprendido entre enero y junio de 2019.

Se especifica que este último ganaba lo mismo que Benítez Carreón, 12 mil 500 pesos quincenales, una cifra menor a los 30 mil pesos que recibía Espinoza Zetina.

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Sin verificar este tipo de trabajos

El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó al Congreso de la Unión el último informe de la Cuenta Pública de 2018, que a la Cámara de Senadores correspondió con el primer periodo ordinario de la 64 Legislatura.

En su informe, la dependencia aseguró que la Cámara Alta no pudo comprobar que el pago por honorarios a mil 765 personas fuera en su beneficio, equivalente a 223 millones 59 mil pesos con cargo en la partida 12101, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2018.

De esos empleados, 135 son administrativos y recibieron 55 millones 95 mil pesos.

Mientras que los 551 que colaboran en comisiones legislativas obtuvieron sólo 46 millones 992 mil pesos; los 128 de grupos parlamentarios, 11 millones 731 mil pesos, y los 951 trabajadores de unidades legislativas significaron 109 millones 241 mil pesos.

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“Al respecto, el Senado indicó que no cuenta con la comprobación de los servicios prestados y que es responsabilidad de las áreas en las que se encuentran adscritos verificar el cumplimiento de las actividades para las que fueron contratados”, señaló la ASF.

Este organismo ya había referido, desde la Cuenta Pública 2017, que la Cámara Alta carecía de mecanismos para la comprobación de los servicios prestados por el personal de honorarios. En enero de 2019, el secretario general de Servicios Administrativos instruyó a todas las áreas a realizar las acciones necesarias para atender la recomendación.

“Sin embargo, a la fecha de cierre de la auditoría [enero 2020] no se demostró que se hubiesen establecido los términos en los que deberán de comprobarse la prestación de los servicios”, determinó la Auditoría Superior de la Federación.