Luego de que el INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre la senadora y aspirante presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que alteraron sus palabras y amagó con un desafuero en contra de los magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF).
López Obrador afirmó que esa resolución “muestra de cuerpo entero” y exhibe a los integrantes del TEPJF: “Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría en mártires vivientes.
“Muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, a los magistrados. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros, se tienen en este Tribunal Electoral”, opinó.
Por estos actos, el Presidente reiteró su propuesta de que a los integrantes del TEPJF también deben de ser electos por el pueblo “no los partidos, no la mafia del poder económico y político”.
Tras la decisión del órgano electoral, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que ya no hablará ni mencionará el nombre de Xóchitl Gálvez a la par de descartar que vaya a presentar algún recurso en contra de esas medidas cautelares.
“Nada, ya no voy a hablar, nada más que ustedes… ¿Para qué me preguntan? O sea, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir señora también [está prohibido]… una persona, sí (podría decir)”, argumentó.
Exconsejeras del otrora IFE, politólogos y constitucionalistas calificaron como “delicado” y “muy grave” el amago de desafuero que hizo el Presidente en contra de los magistrados electorales.
María Marván Laborde, exconsejera del IFE hoy INE, reconoció que sí existe la posibilidad de pedirle a la Cámara de Diputados que se convierta en autoridad investigadora para ver si hay elementos suficientes para entablar y abrir ese juicio político en contra de los magistrados.
“Es delicada la forma en la que el Presidente se refiere a los a los magistrados, se refiere a la actividad del Tribunal Electoral y se rehúsa a aceptar que aún él como Presidente tiene límites en su discurso. Una vez más creo que se le está olvidando quién fue el promotor de estas reformas. Estas limitaciones al discurso del Presidente responden directamente a una petición de él a raíz del proceso electoral de 2006.
“Lo que está diciendo es: ‘Ya dejen de estarme reconviniendo porque yo voy a seguir hablando mal todo lo que me dé la gana de la senadora Xóchitl Gálvez en su calidad de senadora, en su calidad de precandidata a coordinar el Frente Amplio por México, voy a buscar subterfugios legales tales como ya no referirme a ella como señora, sino buscarle otros apelativos’ es lo que ha hecho desde hace tiempo.
“No me parece sencillo entrar a un juicio político, pero sí existe la posibilidad de pedirle a la Cámara de Diputados que se convierta en autoridad investigadora para ver si hay elementos suficientes y entablar, para abrir ese juicio político”, expuso.
Alberto Aziz Nassif, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), subrayó que “ese amago podría llegar a ser una advertencia a los magistrados de que se ‘vayan con cuidado’, porque sí podría impulsar su desafuero si decidieran ir en contra de Morena, como por ejemplo, cancelar alguna candidatura”.
José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), precisó que “a López Obrador no le gusta la ley que él promovió para evitar que el presidente en turno hablara sobre procesos electorales, pues recordó que tras las elecciones de 2006 impulsó estas restricciones, pero ahora ya como Mandatario federal no le gustó y ‘fue como un bumerán’”.
Para el abogado y constitucionalista Francisco Burgoa, López Obrador no tiene facultad para solicitar el juicio de declaración de procedencia en la Cámara de Diputados respecto de los magistrados del Tribunal Electoral, además que ve como muy “grave” lo dicho por el Presidente.
“Si quisiera hacerlo, tendría que presentar una denuncia en la FGR para que inicie una carpeta de investigación, y en el caso de encontrar elementos que acreditaran la probable responsabilidad penal de los magistrados electorales, le correspondería al Ministerio Público solicitar a la Cámara de Diputados el inicio de declaración de procedencia”, dijo.