Acreditar la autonomía judicial con hechos

En un entorno donde se ha reformado el Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales locales, cuya primera elección fue en 2025, uno de los retos de 2026 es acreditar la independencia judicial mediante resoluciones alejadas de la posible captura por el poder político, partidos políticos u otros grupos de interés.

Constitucionalistas señalan a EL UNIVERSAL que se requiere una correcta puesta en marcha de los órganos de administración judicial, donde las facultades son retomadas en buena medida de los extintos Consejos de la Judicatura, siendo su función administrativa indispensable para el buen funcionamiento de los tribunales.

El doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Zeind Chávez, detalla que se necesita una implementación de los Tribunales de Disciplina Judicial, mismos que son Órganos Colegiados encargados de velar por el ejercicio correcto y legal de la función jurisdiccional. Ello sin poner en riesgo la objetividad en las resoluciones de las personas juzgadoras y, con ello, la disciplina judicial.

Agrega que se debe velar por la certeza jurídica de los gobernados al regirse por criterios objetivos separados de cualquier sesgo político o de otro tipo que abone a la predictibilidad de las resoluciones.

Albertico Guinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), asegura que uno de los retos del Poder Judicial es que realicen las decisiones con toda la independencia política, y estas tienen que estar fundadas en una cuestión técnicamente jurídica.

Subraya que los ministros, magistrados y jueces acuden a una ciencia jurídica que tiene un método, por lo que su obligación es capacitarse, “todos sabemos que llegaron por una votación electoral y no por una preparación técnica”.

El presidente del INCAM comenta que otro reto es que el Tribunal de Disciplina se encargue de establecer reglas claras, así como reforzamientos en los controles de que sus decisiones no cuenten con tinte político, sino realmente con un argumento jurídico.

Guinto Sierra enfatiza que todo depende del Tribunal de Disciplina en el sentido de exigir a los juzgadores que resuelvan con una argumentación jurídica.

Hugo A. Bermúdez, exmagistrado del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región, dice que es muy difícil hablar de retos para el Poder Judicial dentro de una arquitectura constitucional antidemocrática, derivada de la reforma al Poder Judicial del pasado septiembre de 2024.

“Esta reforma estuvo diseñada por el autoritarismo para cooptar al Poder Judicial, concentrar el poder en una sola persona o en un grupo de ellas…”, precisa.