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Los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, Tampico y Ensenada; de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México iniciaron siete investigaciones contra funcionarios públicos por huachicol fiscal, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, al responder por escrito 50 preguntas de los grupos parlamentarios del Senado con motivo de su Primer Informe de Gobierno.
El PAN cuestionó las acciones concretas que ha tomado el Ejecutivo para investigar, desarticular y sancionar la “red de huachicol fiscal que opera dentro de las instituciones de gobierno”.
La titular del Ejecutivo federal informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado siete investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas en áreas estratégicas vinculadas al sistema portuario y aduanero del país.
La respuesta fue enviada al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, como parte de los cuestionamientos formulados con motivo de la glosa del informe presidencial.
De acuerdo con el documento, las indagatorias se llevan a cabo a través de órganos internos de control y unidades centrales competentes, conforme al marco constitucional y en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El objetivo, según la respuesta oficial, es identificar posibles responsabilidades individuales y colectivas, tanto de personas servidoras públicas como de particulares.
Los puertos y las aduanas han sido considerados áreas estratégicas en la actual administración, particularmente tras el traslado de su control operativo a la Marina en años recientes como parte de la estrategia para combatir el contrabando, la corrupción y el tráfico ilícito.
Aunque el documento no detalla los hechos específicos que dieron origen a las indagatorias, sí subraya que los procedimientos se conducen con apego a los principios de legalidad, debido proceso, imparcialidad y presunción de inocencia.
Además, enfatiza que las investigaciones se realizan “sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas”, y que no se anticipará responsabilidad alguna hasta que concluyan formalmente los procedimientos.
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En tanto, la Secretaría Anticorrupción precisó que las indagatorias podrían derivar, en su caso, en la atribución de presuntas responsabilidades individualizadas por faltas administrativas graves o no graves, conforme al marco jurídico vigente.
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