Violencia golpea al sistema de salud en México; hospitales y médicos, bajo ataque

Bruselas.— El sistema sanitario mexicano no sólo padeció desabasto de medicamentos el año pasado, también desafíos relacionados con la destrucción de infraestructura por desastres naturales, brotes de gripe aviar y sarampión, suspensión de operaciones por recortes financieros, violencia armada, asesinatos y secuestros de profesionales de la salud.

Ese es el balance que hace la Coalición para la Protección de la Salud en Situaciones de Conflicto (SHCC) y la organización Insecurity Insight sobre la atención de la salud en México durante 2025.

“A pesar de las nuevas iniciativas gubernamentales en el sector salud, incluidas las mejoras en la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios de salud prestados por el gobierno, introducidas a finales de 2024, los proveedores de salud continuaron viéndose afectados por la violencia perpetrada por miembros de grupos del crimen organizado”, señala. “En 2025, la violencia contra u obstrucción a los servicios de salud en México se mantuvo en niveles similares a los registrados en 2024. La violencia armada dentro de hospitales, clínicas, farmacias y centros de rehabilitación continuó, y este tipo de incidentes casi se duplicó en el estado de Sinaloa”.

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El documento indica que “persistieron los incidentes relacionados con asesinatos y secuestros de profesionales de la salud, así como el uso de medidas de inmovilización contra trabajadores de salud y pacientes, con denuncias de personas atacadas y atadas a la fuerza”.

Menciona un caso en Tijuana, Baja California, donde “asaltantes que se hacían pasar por personal sanitario dispararon y mataron a un paciente que había ingresado días antes con heridas de bala. Se sospechaba que eran los responsables del ataque inicial contra este paciente. En otros incidentes, hubo personas que buscaron refugio en centros de salud, sólo para ser perseguidas o atacadas en su interior”. Situaciones de este tipo se presentaron en Veracruz. La base de datos contabiliza 27 incidentes de violencia contra la atención sanitaria en 2025, frente a 28 en 2024 y 12 en 2023.

Del total de los casos registrados el año pasado, 17 consistieron en ataques a hospitales, clínicas, farmacias y centros de rehabilitación, teniendo como saldo la muerte de siete trabajadores sanitarios; dos incidentes implicaron acciones de privación de la libertad. En 2024, el saldo fue de seis muertos y cuatro secuestros.

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El informe basado en datos recopilados a partir de fuentes abiertas y privadas, así como de proyectos informativos, señala que los ataques contra el personal sanitario tienen gran impacto.

“Los grupos criminales y las bandas afiliadas utilizaron los centros de salud como campos de batalla para atacar a rivales o a pacientes, con múltiples secuestros y tres tiroteos masivos denunciados, incluido un ataque perpetrado por presuntos miembros de Los Chapitos que mataron a nueve hombres, entre ellos dos trabajadores sanitarios, en un centro de rehabilitación privado del estado de Sinaloa”.

Los incidentes presenciados en 2025 tuvieron lugar en nueve estados, entre ellos Sinaloa, que duplicó el número de casos; Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz. A menudo implicaron tiroteos, incendios provocados, el uso de artefactos explosivos y allanamientos. “Los ataques a centros de rehabilitación de drogas son un fenómeno violento recurrente en México, impulsado en gran medida por las guerras territoriales entre cárteles y por los ataques contra miembros de bandas rivales que podrían estar escondidos o recuperándose en estas instalaciones”, detalla.

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El país enfrentó múltiples crisis humanitarias durante el año, como los brotes de gripe aviar y sarampión, y las generadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados en octubre por el huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond, que a su vez dañaron miles de estructuras, incluidos hospitales y carreteras.

A esto se suma la presión económica por la disminución de la ayuda humanitaria de Estados Unidos, que afectó principalmente las rutas migratorias y centros de acogida. “Un recorte de 11% en el presupuesto nacional de salud y la persistente escasez de medicamentos obligaron a algunos pacientes a recurrir a servicios de salud privados”, señala.

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