Bruselas.— Una década después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara por unanimidad la Resolución 2286, que exige la protección de heridos, enfermos, personal médico y humanitario en conflictos armados, la violencia sigue afectando a este sector en México, en un contexto protagonizado por fuerzas no estatales, de acuerdo con la organización Insecurity Insight, con sede en Ginebra, Suiza.
Los datos de la asociación, que recauda información en la materia de países en conflicto, muestran que en el trayecto de los años los incidentes contra el personal que brinda apoyo a pacientes y su infraestructura suman 229 entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 14 de mayo. Del total, 164 incidentes han tenido lugar en un contexto de conflicto, 56 en un ambiente de brote de enfermedades, seis en un entorno de vacunación, dos en ambientes de asistencia materna y uno político.
En el universo catalogado como conflictivo, 64 incidentes tuvieron saldo mortal para los prestadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras y cirujanos. En otros 28 casos, los trabajadores fueron víctimas de secuestro y, en dos más, las personas fueron arrestadas en el ejercicio de sus tareas.
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La infraestructura necesaria para dar atención médica, como hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, almacenes médicos y ambulancias fueron blanco de ataques en 11 ocasiones. Por ejemplo, en enero pasado en Guanajuato un hombre fue asesinado frente a un centro médico por individuos no identificados. El centro activó un protocolo de seguridad que consistió en el cierre de los accesos y pidió protección a las fuerzas de seguridad. Al mes siguiente, en Acapulco, un grupo de presuntos delincuentes irrumpió en un centro de atención médica agrediendo a los trabajadores de la salud que habían ocupado las oficinas administrativas como parte de una acción sindical.
En abril, en Culiacán, durante un asalto en un centro de rehabilitación perpetrado por hombres armados enmascarados nueve personas perdieron la vida, entre ellas el director de la clínica. En cuanto a los responsables de los actos criminales, 101 casos están asociados a actores no estatales, 20 fueron autoría de criminales, seis por civiles, dos por la policía y no hay información disponible de 33 registros.
Las armas de fuego han estado presentes en 144 incidentes; en otros tres, algún tipo de explosivo, y en otros tres, armas de alto calibre, como artillería.
En entornos de brote de enfermedades, tres trabajadores de la salud resultaron muertos, 10 secuestrados y 15 arrestados. En 30 casos, los señalados como responsables fueron manifestantes de protestas. En cuanto a la motivación, 15 incidentes estuvieron asociados a la adopción de medidas médicas o públicas.
Desde la adopción de la resolución que presuntamente debió garantizar la labor sanitaria, a nivel planetario se han contabilizado más de 18 mil ataques en 51 países. Lejos de descender, los actos violentos han ido aumentando, pasando de 470 en 2016 a 3 mil 920 en 2024.
Entre las últimas evoluciones destaca el uso creciente de drones y armas explosivas; la base de datos registra más de mil sucesos con aeronaves no tripuladas. Myanmar en solitario contabiliza 83 casos hasta finales de abril, 70 de ellos dirigidos contra instalaciones.
La base de datos es desarrollada con fondos de instancias como la Confederación Suiza, el Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido y la Oficina de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Exterior de Alemania.
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