Cada vez es más claro y contundente que desde el gobierno de Donald Trump han comenzado una estrategia política, diplomática y hasta económica de presión creciente sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre su partido Morena, pero que ya empieza a afectar al país.
A la petición de extradiciones de políticos del oficialismo mexicano, que se niega a entregar la doctora y a la que se sumarán muy pronto nuevos nombres, acusaciones y solicitudes sobre narcopolíticos, se suman ahora las presuntas intervenciones directas de la CIA en territorio mexicano, que dejan mal parado al secretario Omar García Harfuch y, lo más grave, una degradación de la calificación crediticia del país por parte de las calificadoras estadounidenses que encienden las alertas sobre el excesivo endeudamiento del gobierno mexicano y el nulo crecimiento e inversión que registra en estos momentos la economía nacional.
Mientras el presidente Donald Trump llega a China, a su cumbre con el líder chino Xi Jinping, desde su administración con el secretario Marco Rubio como ariete, el Departamento de Justicia como ejecutor y la Fiscalía General y las agencias estadounidenses como persecutoras, está en marcha una operación que busca someter a México y a su Presidenta a las nuevas políticas de seguridad, antidrogas y de control político que tiene Washington. Y que después de meses de solicitarle que aceptara una cooperación mayor y de exigir mayor efectividad en temas como el combate a los cárteles y el desmantelamiento de las redes de narcopolítica en su propio partido, hoy ya no son opcionales ni consensuadas con el gobierno de Sheinbaum.
El anuncio que ayer realizó la calificadora Standard and Poor's, que cambió la calificación de México de “estable” a “negativa”, es un primer aviso sobre las condiciones difíciles que enfrenta la economía mexicana que ha perdido inversiones extranjeras y nacionales por la incertidumbre judicial, además del escaso crecimiento económico en lo que va del año. A eso se suma el aumento de la deuda pública mexicana, que creció en 7 billones en el sexenio de López Obrador, más el endeudamiento de la presidenta Sheinbaum que fue de 338 mil 997 millones de pesos tan solo en el primer trimestre de este año, en buena parte para financiar obras con pérdidas como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, ha hecho que el endeudamiento del país ya alcance el 51% del PIB y la proyección de S&P es que pueda llegar al 54%, lo que pondría en riesgo el grado de inversión que aún conserva México.
Desde Washington tienen muy claros los objetivos que persiguen en esta nueva relación con México, mientras que desde Palacio Nacional la presidenta mexicana sigue atrapada entre su ideología y la defensa de su movimiento político, lo que la lleva a que, lejos de estar buscando algún tipo de negociación o entendimiento con el gobierno de Trump sobre sus peticiones y su nueva estrategia para México, a la doctora se le vea cada vez más asediada y sin un plan de respuesta pragmático, más allá de su retórica soberanista.
Porque de acuerdo con fuentes diplomáticas de los Estados Unidos, Trump busca tres objetivos concretos en su replanteamiento de la relación con México: el control del fenómeno del narcotráfico y la narcopolítica en México que se perdió con López Obrador y retomar una nueva política de cooperación mucho más amplia del gobierno mexicano para combatir a los cárteles de la droga; recuperar también la operación política conjunta de los problemas comunes a los dos países y retomar los niveles de cooperación institucional que se perdieron con la 4T; y replantear los términos actuales del TMEC para pasar a un tratado bilateral con México en el que el gobierno trumpista impondrá sus condiciones.
Es decir que el tema ahora en la relación México-Estados Unidos, que se encuentra en un momento de crisis innegable, va más allá de que la Presidenta mexicana exija “pruebas contundentes” para decidir si entrega o no a gobernadores, dirigentes, congresistas y secretarios de su partido que ha comenzado a exigir Washington, y que según repetía ayer el director de la DEA trasciende al caso actual de Rocha Moya porque, dijo Terrance Cole ayer ante el Senado estadunidense, “esto apenas comienza” y en cualquier momento se sumarán nuevas solicitudes de extradición de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A la doctora Sheinbaum se le agotó el tiempo y, si no toma una decisión distinta a la actual, con la que claramente no tiene salida ni avanza en la normalización del diálogo y la relación tensa con el gobierno de Trump, las consecuencias ya no serán solo para ella y para su movimiento político, incluido su antecesor que sigue operando desde las sombras; el daño a Morena ya es irreversible, pero los daños y presiones para el país, en materia económica, política o de intervención cada vez más directa de los Estados Unidos, serán aún mayores e impactarán la vida y la economía de los mexicanos.
Hablar del “dilema de Sheinbaum” ya está rebasado; arengar a una “defensa patriótica” no servirá de mucho ante las nuevas políticas y la estrategia trumpista que ya controla prácticamente a todo el continente, mientras su principal socio y vecino se le sigue resistiendo. Se acabaron los dilemas y la Presidenta hoy sólo tiene que tomar decisiones. Si lo hace, como hasta ahora, pensando sólo en proteger a los suyos y salvar a Morena del embate trumpista —algo que ya se ve imposible—, la Presidenta no sólo faltará a su deber constitucional de anteponer a cualquier otra cosa los intereses nacionales y defender, no sólo la soberanía, sino la economía y la estabilidad política y social del país.
Con su indecisión o sus posiciones ideológicas, la primera presidenta mexicana condenará a México y a los mexicanos a quedar a merced de lo que decidan en Washinghton, con todas las repercusiones que eso tenga.
NOTAS INDISCRETAS…
Ya es un hecho: se pospone el entuerto de elección judicial que estaba programado para realizarse en 2027, de manera concurrente con las elecciones federales y locales de ese año. La nueva fecha para la elección de jueces y magistrados será junio del 2028 y la modificación legal para oficializar el cambio se hará en un periodo extraordinario previsto para el próximo mes de junio. Eso fue lo que informaron ayer los diputados a los consejeros y magistrados federales del INE y el Tribunal Electoral, a quienes recibieron en el Palacio de San Lázaro para escuchar sus puntos de vista sobre la fecha de la elección judicial y recibir el análisis técnico que elaboraron el instituto electoral con los problemas, complicaciones y costos que tendría juntar las dos elecciones, la federal de diputados y la de jueces y magistrados en el 2027. Fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la encargada de presentar, junto a sus pares, el análisis técnico y financiero del por qué era conveniente y más barato para el erario federal posponer la votación judicial, tal y como ya lo decidieron los diputados y ayer se los informaron a los funcionarios electorales. Vaya, entre tanta cerrazón morenista al menos en esto imperó el sentido común, porque ni era conveniente ni práctico e iba a significar un costo económico mayor la realización de esos comicios el próximo año. Pero además, posponer la elección judicial también le da un respiro a la economía del país, que en estos momentos está a la baja por la caída de inversiones nacionales y extranjeras que se espantaron y cancelaron su llegada a México, a partir de la pasada elección judicial y por la forma tan improvisada y politizada en que quedó integrado el nuevo Poder Judicial de la Federación. Así es que, por donde se le vea, no había las condiciones para repetir la cuestionada, desairada y fraudulenta elección de los “acordeones” judiciales… Y a propósito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ambiente en ese órgano comicial no deja de ser de tensión y poca coordinación entre sus 6 integrantes de la Sala Superior. Según nos dicen se observa al magistrado presidente, el chiapaneco Gilberto Bátiz, con poco apoyo institucional, al grado de que da la impresión de estar aislado y de no lograr consolidar el apoyo de sus pares, lo que sugiere un liderazgo que no se manifiesta con la cohesión esperada en un órgano colegiado. Paradójicamente en sus recientes eventos y apariciones públicas, el magistrado Bátiz ha pronunciado discursos en los que afirma que “las democracias requieren instituciones sólidas, cooperación, intercambio de experiencias para diseñar respuestas ante el reto del 2027”. Y sin duda que Bátiz tiene razón y sabe de lo que habla, lo único que falta es que lo que dice en sus discursos lo lleve a la práctica y comience por ejercer su liderazgo, operar y dialogar con el resto de los magistrados para que en el Tribunal exista lo que él pregona fuera: “cooperación e Intercambio de experiencias”, además de una solidez institucional que nomás no se ve en el TEPJF desde que él asumió la presidencia. Ojalá el magistrado presidente no termine siendo candil de la calle y oscuridad de su tribunal… Luego de que en esta columna preguntamos el lunes dónde estaba el gobernador Rubén Rocha Moya, que se desapareció desde el 2 de mayo cuando pidió licencia a su cargo, la presidenta Sheinbaum respondió en su mañanera de ese día que “se encuentra en Culiacán y mañana lo va a informar el secretario de seguridad Omar García Harfuch”. El martes ni Omar ni la Presidenta informaron nada sobre el paradero de Rocha Moya y si estaba resguardado por la autoridad federal, y fue hasta ayer cuando la mandataria confirmó que el acusado de narcotráfico por Estados Unidos sí estaba resguardado y tenía protección federal de seguridad, algo que en la víspera había negado García Harfuch. Luego la revista Proceso reveló ayer, citando una fuente de inteligencia “de alto nivel”, que Rocha Moya estaba escondido en la azotea del Palacio de Gobierno de Culiacán con protección federal y con una enfermedad respiratoria. Y aunque la gobernadora interina Yeraldine Bonilla salió a negar que su exjefe estuviera oculto en el Palacio, nuevamente Proceso informó por la tarde de ayer que, después de que se revelara su ubicación, un helicóptero del Ejército sacó a Rocha Moya de la sede gubernamental y lo trasladó, bajo un operativo militar y de seguridad, a un nuevo escondite. Todo en medio de la posibilidad latente de que el gobierno de Donald Trump ordene en cualquier momento un operativo de extracción para llevarse al mandatario sinaloense a la Corte federal del sur de Nueva York. Así el gobierno de Sheinbaum protegiendo a presuntos narcopolíticos… Los dados se detienen. Tocó Escalera, pero acecha la Serpiente.
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