Desde hace dos semanas el senador Enrique Inzunza Cázarez dejó botado su trabajo en el Senado y en la Comisión Permanente, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo vinculó con el Cártel de Sinaloa. El legislador morenista, exsecretario de Gobierno del hoy gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, se ha dedicado a emitir mensajes filosóficos y fotografías en redes sociales para aparentar que no está preocupado. Y mientras él se oculta, no todos sus compañeros de Morena parecen estar dispuestos a defenderlo a capa y espada y ya comienzan a surgir voces que lo emplazan a separarse de su escaño mientras la Fiscalía General de la República realice sus investigaciones. Pero en tanto se juntan las pruebas de su culpabilidad, o se demuestra su inocencia, don Enrique mantiene su fuero y su dieta, y está cometiendo el crimen de cobrar sin trabajar.

El problema no es la realidad, son los medios

En medio de la seria crisis que enfrenta la autollamada Cuarta Transformación, en Palacio Nacional parecen haber decidido que el problema no es la realidad, sino quién la cuenta. Por eso llamó mucho la atención la postura de Norma Solano, titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sobre los llamados “derechos de las audiencias”. Nos dicen que hay muchas banderas rojas que hacen suponer a los expertos que detrás del discurso de “protección” se preparan nuevos lineamientos que abrirían la puerta a un mecanismo de censura disfrazado de regulación: darle al Estado capacidad para definir qué información es “veraz”, intervenir códigos éticos de los medios y convertir la autorregulación en supervisión gubernamental. La vieja tentación autoritaria: cuando el poder pierde el control de la narrativa, intenta controlar el micrófono.

Larga la fila para la SEP

Donde hay más fila que en una tortillería, nos dicen, es en la Secretaría de Educación Pública, pues una media docena de nombres se barajan para ocupar el despacho ante una posible salida de Mario Delgado, quien últimamente ha tenido días difíciles. Esteban Moctezuma, quien ya ocupó la silla de Vasconcelos; Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior; Luis Humberto Fernández, quien fue titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México; la subsecretaria Angélica Noemí Juárez, e incluso Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias y Humanidades, entre otros más, son los nombres que se barajan para llegar a la SEP ante una eventual salida de don Mario.

La mano azul de Julio

La guerra civil que se vive en la Cooperativa Cruz Azul, nos dicen, no se entiende sin el abogado Julio Scherer. Nos aseguran que uno de los principales impulsores para que el actual director, Víctor Velázquez, quedara al frente de la cooperativa fue Scherer, poderoso exconsejero Jurídico de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Scherer, señalan algunos personajes de la cooperativa, fue clave para que le entregaran a Velázquez los tokens de la cementera en agosto de 2020. Nos agregan que el actual mandamás en la cementera no solo fue beneficiado de los contactos de Scherer en el Poder Judicial, sino que fue ayudado desde la Fiscalía General de la República, que encabezaba Alejandro Gertz Manero. Ahora que la bomba estalló, pues hay 50 millones de dólares que se le perdieron a la cementera y el proveedor implicado en el presunto fraude es de Estados Unidos, solo faltaría, nos dicen, que Palacio Nacional pague los costos políticos de los enjuagues de Scherer y Velázquez.

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