La absolución llegó antes que la investigación. El gobierno federal cerró filas en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró públicamente que no existe ninguna investigación en su contra. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo que Estados Unidos no ha enviado pruebas. El gobierno mexicano resolvió el caso en cuestión de días y emitió una exoneración política con velocidad inédita.
Las cifras de Sinaloa cuentan una historia mucho más grave. Los datos del Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE), a los que tuve acceso, describen un deterioro acelerado de la seguridad, la economía y la gobernabilidad del estado. Las cifras provienen de registros empresariales, denuncias oficiales y seguimiento económico local. Los números retratan un estado atrapado por la violencia y abandonado por sus instituciones.
Las denuncias por extorsión aumentaron 67% entre enero y febrero de 2026. El incremento duplicó el registro del mismo periodo del año anterior. La privación ilegal de la libertad creció 38% frente a febrero de 2025. La serie histórica revela un dato todavía más alarmante: los casos actuales representan más de 16 veces el promedio más bajo registrado apenas en 2022.
La violencia dejó de ser un episodio extraordinario y se convirtió en una condición cotidiana. El impacto económico también alcanzó niveles críticos. El registro nacional de empresas cayó 2.5%. Sinaloa perdió empresas a más del doble de velocidad: 5.4%. El estado registró apenas 39 mil 9 empresas activas para febrero de 2026. La entidad perdió más de 4 mil 700 unidades económicas desde mediados de 2023.
Cada negocio que cierra representa una familia que pierde ingresos, patrimonio y estabilidad.
La crisis destruyó además el empleo formal. Sinaloa perdió más de 14 mil 800 empleos entre febrero de 2025 y febrero de 2026. Miles de familias quedaron atrapadas entre la incertidumbre económica y el miedo cotidiano. La violencia modificó la vida pública, alteró decisiones empresariales y frenó inversiones.
Los datos del CSE revelan una constante devastadora: el miedo ya condiciona la actividad económica del estado.
Las acusaciones provenientes de Estados Unidos sorprendieron a la clase política de la capital. Los empresarios sinaloenses ya observaban señales de colapso desde mucho antes. Las estadísticas mostraban un estado donde la extorsión condiciona operaciones comerciales, la inseguridad expulsa inversiones y la violencia cancela proyectos de vida.
La dimensión del deterioro obliga a formular preguntas incómodas. Ningún grupo criminal paraliza una economía estatal completa sin la incapacidad, la negligencia o la tolerancia prolongada de las autoridades locales. Ninguna organización criminal destruye miles de empleos, multiplica secuestros y obliga al cierre masivo de negocios sin ocupar espacios que el Estado abandonó.
Las cifras documentan mucho más que un problema de seguridad pública. Las cifras describen una crisis de gobernabilidad.
El gobierno federal eligió una estrategia de contención política inmediata. Palacio Nacional concentró la conversación pública en la inexistencia de pruebas judiciales contra Rocha Moya. El discurso oficial dejó fuera la realidad que viven empresarios, comerciantes y ciudadanos en Sinaloa.
Los números siguieron acumulándose. Las denuncias aumentaron. Las empresas desaparecieron. Los empleos se perdieron. La incertidumbre avanzó sobre comunidades enteras.
Los datos del Consejo Sinaloense de Empresarios tienen un peso particularmente incómodo para el gobierno federal. Las cifras no provienen de adversarios políticos ni de agencias extranjeras. Los datos nacen en las calles de Sinaloa, entre personas que sostienen negocios, pagan nóminas y enfrentan diariamente la presión del crimen organizado.
La realidad económica terminó por convertirse en un indicador político.
Cuando la violencia ahuyenta inversiones, destruye liquidez y paraliza actividades productivas, el problema deja de ser exclusivamente criminal. El deterioro económico revela fracturas profundas en la capacidad del gobierno para garantizar orden, estabilidad y confianza.
Palacio Nacional puede insistir en la defensa política del gobernador. Las cifras del propio estado cuentan otra historia. Los datos del Consejo Sinaloense de Empresarios exhiben un deterioro profundo, sostenido y documentado.
Y contra los números de la calle, ningún discurso alcanza.
@MaiteAzuela
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