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Una jueza colombiana dará a conocer este viernes la sentencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un inédito fallo contra un exmandatario en el país sudamericano que podrá ser apelado por su defensa.
La jueza determinará los años de pena y definirá si le dicta una medida de aseguramiento, que puede ser bajo el beneficio de prisión domiciliaria, o lo deja en libertad mientras se define la segunda instancia.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se declaró inocente y aseguró que nunca buscó sobornar testigos o engañar a la justicia, por lo que considera que su caso es una “persecución política”.
El viernes, horas antes de la lectura de la sentencia, Uribe escribió en la red social X que estaba preparando la argumentación para sustentar su apelación. Aseguró que en momentos de crisis hay que “pensar mucho más en la solución que en el problema”.
La jueza concluyó el lunes que Uribe instigó a un abogado para manipular a tres exparamilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declararan a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del expresidente con grupos paramilitares. Sin embargo, lo absolvió por un caso de soborno a una exfiscal condenada por corrupción.
Expresidente Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión
El influyente expresidente de 73 años se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. Sin embargo, la fiscalía —que lo acusó en el proceso— recomendó que fuera condenado a 9 años, mientras la defensa pidió que pueda continuar defendiéndose en libertad mientras espera el fallo de segunda instancia que tendrá que resolver en los próximos meses otro tribunal.
El expresidente, líder del partido Centro Democrático, continúa generando una marcada admiración entre una parte de la población que defiende su legado político y un fuerte rechazo en otra que lo señala de haber permitido en su gobierno graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, por lo que el fallo en su contra de inmediato generó un pulso político.
El caso inició en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, los cuales siempre ha negado el expresidente, por lo que decidió demandar por difamación a Cepeda.
La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió uno contra Uribe para investigar si el expresidente estaba intentando manipular testigos para que declararan a su favor.
Uribe estuvo dos meses en arresto domiciliario en 2020 por orden de la Corte Suprema de Justicia mientras avanzaba la investigación en su contra. Sin embargo, recuperó la libertad cuando Uribe —entonces senador— renunció a su escaño en el Congreso y el proceso penal pasó a la fiscalía, que años después terminó por acusarlo formalmente dando inicio al juicio en el que fue condenado.
sg/mcc
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