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El gobierno del presidente Joe Biden volvió a imponer sanciones petroleras a Venezuela el miércoles, amonestando los intentos del presidente Nicolás Maduro de consolidar su gobierno. Hace apenas seis meses, Estados Unidos había pausado las restricciones en un intento por apoyar las esperanzas ahora desvanecidas de una apertura democrática en la nación de la OPEP.
Hablando con reporteros, un alto funcionario estadounidense dijo que cualquier empresa estadounidense con inversiones en Venezuela tendrá 45 días para cerrar sus operaciones y evitar agregar incertidumbre a los mercados energéticos globales. El funcionario habló bajo la condición del anonimato para poder informar al respecto.
A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán solicitar al Departamento del Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.
La administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición antichavista para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.
En octubre, Estados Unidos retiró algunas sanciones a los sectores petrolero, minero y de gas operados por el Estado venezolano después de que el gobierno de Maduro aceptó trabajar con integrantes de la oposición para llevar a cabo una elección presidencial libre y competitiva este año.
El fin de la Licencia General 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permiten operaciones nuevas.
En su lugar, el Tesoro estadounidense emitirá la Licencia 44A, que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso.
Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.
Pese a la reimposición de sanciones, las mismas fuentes aseguran que Estados Unidos no tira la toalla y que seguirá en conversaciones con representantes de Maduro, de la oposición antichavista y otros Gobiernos de la región para salvar los Acuerdos de Barbados.
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mgm
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