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Pequeñas protestas se registraron ayer por la muerte del ex policía Óscar Pérez y seis de sus hombres a manos de las autoridades, mientras se desconoce el destino del cuerpo del piloto que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Un centenar de personas permanecía concentrado a finales de la tarde en la calle de acceso a la morgue de Bello Monte, en el sureste de la capital venezolana, exigiendo la entrega del cadáver de Pérez a un familiar. Policías y militares, con equipos antimotines, les cerraban el paso.
“Lo quiero conmigo para enterrarlo donde yo quiera”, dijo en un video divulgado en redes sociales Aminta Pérez, madre del ex policía que se alzó contra Maduro entre protestas opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio del año pasado. Vive en México junto con la viuda de Pérez y los tres hijos de la pareja. Aura Pérez, tía del ex agente, gestiona en Venezuela la cesión del cuerpo.
Más temprano, sin mayores consecuencias, hubo escaramuzas en los alrededores de la morgue entre manifestantes y funcionarios de seguridad.
Dos de los aliados de Pérez abatidos, José Pimentel y Abraham Agostini, fueron enterrados en la mañana —sin ser velados— bajo custodia militar y policial. Los otros cuatro fueron trasladados a las ciudades de Maracaibo y San Cristóbal.
Unas 300 personas acudieron al Cementerio del Este, principal camposanto de Caracas, donde gritaron consignas ante militares de la Guardia Nacional que les impedían ir hacia las parcelas donde eran sepultados Pimentel y Agostini. “¡Carniceros!”, clamaban.
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“Vengo a rendir honores a estas personas vilmente asesinadas”, declaró a la AFP Mónica Santamaría, docente de 54 años, al llegar con una pancarta con los nombres de Pérez y sus compañeros escritos sobre una cruz. Manifestantes también se concentraron en la zona de Altamira, bastión opositor al este de la ciudad.
El pasado lunes, los sublevados —calificados de “terroristas” por el gobierno— murieron durante una operación para su captura. Los siete fallecieron por disparos en la cabeza, según actas de defunción publicadas por la prensa, y organizaciones de derechos humanos alertan de posibles “ejecuciones extrajudiciales”.
Pérez fue declarado como “el criminal más buscado” de Venezuela tras atacar el 27 de junio con granadas y armas de fuego, sin víctimas, edificios gubernamentales desde un helicóptero.
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