La Cámara de los Comunes (baja) británica aprobó, por 330 votos a favor frente a 275 en contra, la proposición de ley planteada por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.
La diferencia de 55 votos permitirá que este texto prosiga su trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores (alta), previo a un voto final que aún tardaría meses.
Los diputados expresaron sus opiniones y debatieron los diferentes puntos de vista desde las 9:30 GMT hasta casi las 14:30 GMT, cuando se conoció el resultado de una votación en la que los partidos dieron a los parlamentarios libertad de sufragio, al considerar que se trata de un asunto de conciencia.
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En el caso del primer ministro británico, Keir Starmer, que había mantenido una posición neutra hasta el momento, el recuento de votos mostró que se posicionó a favor de la proposición de ley.
La denominada ‘Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales’, cuya iniciativa legislativa corresponde a Leadbeater a título personal, legalizaría en Inglaterra y Gales, en caso de que se produzca su aprobación definitiva, que los mayores de 18 años que padecen una enfermedad terminal puedan recibir asistencia para morir.
Ley de suicidio asistido plantea hasta 14 años de cárcel
A diferencia de propuestas pasadas, que habían resultado fallidas, la iniciativa de Leadbeater impone más requisitos a los interesados y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.
Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo “claro, firme, informado y libre de coerción o presión.
Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial.
El texto aprobado dispone que, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo.
Durante el transcurso del debate, a las puertas del Parlamento se manifestaron este viernes diversas organizaciones, incluidas de personas con discapacidades, tanto a favor como en contra del proyecto legislativo.
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