México tiene algunas cartas que jugar, en caso de que la amenaza se concrete: de aplicar sanciones o represalias comerciales a la posibilidad de represalias económicas, o incluso hablar de una operación coordinada.
Una operación de este tipo tendrá impacto en varias esferas: del discurso de soberanía a la seguridad en estados y regiones azotadas por el narco y por lo tanto vulnerables. Pero además, los expertos advierten que operaciones como las que parece buscar Trump no representan una solución definitiva al problema del narcotráfico.
Cierre de filas en el gobierno de México y un mensaje: fue un ataque coordinado
María Fernanda Rizo Guevara. Internacionalista
Tras las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de una intervención en México para contener al narcotráfico, el gobierno mexicano adoptó una postura firme: cerrar filas y reforzar el mensaje de que cualquier acción en materia de seguridad debe realizarse bajo esquemas de cooperación bilateral y respeto a la soberanía. Esta reacción responde a un escenario que se ha instalado en el discurso político estadounidense y que obliga a México a anticiparse.
El cierre de filas del gobierno mexicano es un mensaje político que parece firme. En un contexto donde la seguridad y el combate al narcotráfico ocupan un lugar central en la agenda bilateral, insistir en la coordinación busca contener la narrativa de una posible intervención unilateral. Ya que no pronunciarse al respecto, abriría la puerta a cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para controlar su territorio y garantizar su seguridad interna. Por ello, cerrar filas funciona como un blindaje narrativo frente a una relación marcada por la asimetría de poder.
El mensaje de México ante Estados Unidos busca presentarse como un actor con agencia, involucrado en la definición de los límites de la cooperación. Esta postura busca contener presiones internas, especialmente las críticas en torno a la soberanía, y al mismo tiempo, enviar una señal al exterior de que la relación bilateral sigue rigiéndose por acuerdos y no por imposiciones.
Es importante mencionar, que este posicionamiento cobra mayor relevancia a la luz de la experiencia de Venezuela. Para el gobierno mexicano, ese antecedente funciona como un aprendizaje doble: muestra la importancia de anticiparse y fijar una postura, pero también evidencia sus límites. Aun cuando el gobierno venezolano adoptó una narrativa de defensa de la soberanía, esto no impidió que Estados Unidos interviniera, dando de lección para el gobierno mexicano que el posicionamiento discursivo es necesario, pero no suficiente.
El reto para México no será únicamente sostener este discurso, sino traducirlo en una estrategia efectiva que combine cooperación en seguridad y una defensa clara de su autonomía, en un entorno inestable donde las decisiones de Washington continúan teniendo efectos directos sobre sus vecinos.
Narco, presión y soberania
Scarlett Limón Crump. Analista Internacional
La historia de la relación entre México y Estados Unidos muestra que las intervenciones rara vez se anuncian como tales. Suelen presentarse como medidas excepcionales, temporales y “técnicas”. América Latina conoce bien ese guion: acciones justificadas en nombre de la seguridad que, con el tiempo, derivaron en procesos más amplios de injerencia. Pensar hoy en una posible incursión estadounidense contra el narcotráfico en México obliga a leer ese pasado con atención.
Si Estados Unidos avanzara hacia una acción directa en territorio mexicano, el desafío central para el gobierno no sería solo operativo, sino político. Prepararse implicaría anticipar el impacto en el gabinete y en el discurso de soberanía que ha sido uno de los pilares del proyecto gubernamental. Incluso una incursión limitada alteraría la coordinación entre seguridad, defensa y política exterior, y exigiría una postura interna clara y cohesionada.
El riesgo no está únicamente en el primer paso, sino en su potencial escalamiento. La experiencia demuestra que quien entra con un objetivo acotado no siempre sale bajo los mismos términos. Operaciones “quirúrgicas” pueden transformarse en presencias prolongadas, presiones crecientes o condicionamientos que empujan a militarizar decisiones que deberían permanecer bajo control civil y nacional.
Por ello, la preparación debe centrarse en una premisa clara: cooperación sí, subordinación no. Defender la soberanía no implica negar la gravedad del crimen organizado, sino establecer límites precisos sobre quién decide, cómo y bajo qué reglas se ejerce la fuerza en territorio mexicano.
Anticipar este escenario no es un ejercicio de alarma, sino de memoria histórica. Las intervenciones nunca se quedan en el punto exacto donde se promete; evolucionan, se expanden y reconfiguran el poder sobre el territorio. Por eso, la verdadera preparación del Estado mexicano no está en la respuesta armada, sino en la claridad de sus límites. Porque la soberanía no se defiende cuando ya fue vulnerada, sino cuando se establece, con firmeza y sin ambigüedades, que ninguna amenaza, por grave que sea justifica renunciar a la capacidad de decidir sobre el propio país.
La Nueva Doctrina Monroe y México
Rodrigo Cornejo. Maestro en Seguridad y Políticas Públicas
La Estrategia Nacional de Defensa 2026 de Estados Unidos marca una nueva pauta para la influencia de ese país en el continente. Bajo una reinterpretación maximalista de la Doctrina Monroe, el aparato securitario estadounidense ha transformado la seguridad hemisférica en una política de demostración de fuerza para recuperar influencia que ha perdido en otros campos.
En este nuevo diseño, el tráfico de drogas —definido como crimen organizado transnacional— deja de ser solo asunto de justicia para convertirse en justificación de intervenciones de todo tipo sin consideraciones legales. La estrategia estadounidense usa definiciones jurídicas con pretensiones de aplicación mundial, como el narcoterrorismo. Este término mezcla arbitrariamente motivos ideológicos con una realidad económica: el tráfico de drogas es, ante todo, una fuerza de mercado que traslada mercancías ilegalizadas.
Además, al exentarse de los mecanismos del orden internacional basado en reglas, Estados Unidos de nuevo se granjea todos los beneficios de un excepcionalísimo que pretender tener jurisdicción universal, pero sin sujetarse a ningún tribunal o mecanismo internacional. De este modo, se expande su radio de acción, permitiendo intervenciones que, como la de Venezuela, responden a intereses de control económico y no a amenazas reales de seguridad nacional.
El documento pretende aplicar a México y a todos los países del hemisferio una semántica truculenta: los países son referidos como "socios", un eufemismo que reduce las naciones a socios comerciales bajo tutela. Esta visión concibe la seguridad hemisférica como un bien de propiedad privada, susceptible de ser dirigida por intereses económicos. La libertad en el uso de la fuerza que EE. UU. se autoasigna, incluso apelando a la "buena fe", es en realidad la formalización de una soberanía limitada para el resto del continente.
La estrategia de México es enfatizar la integración económica con Estados Unidos en la relación bilateral, lo que hasta ahora ha resultado para evitar estos ataques “selectivos”, dado que nuestro país es su mayor socio comercial. Dicha integración es prácticamente irreversible en el mediano plazo. Los recientes envíos de miembros de la violencia organizada buscan integrar la seguridad en ambos países a un grado tal, que dichos ataques selectivos se hagan “innecesarios” incluso desde una lógica militar.
Acudir a instancias multilaterales para fijar límites
Emiliano Hinojosa Ponce. Internacionalista
¿Qué tanto peso tiene la soberanía en el sistema internacional contemporáneo? Estados Unidos respondería que es nulo. Para México, su soberanía se encuentra en disputa. Países latinoamericanos que enfrentan invasiones, amenazas de intervencionismo, y aumento de inseguridad: estas son cuestiones que ponen a México en una situación compleja.
Trump ha advertido la posible acción militar en México para lidiar con el narcotráfico, un entramado criminal que hace la relación Estados Unidos-México aún más estrecha. La presidenta Claudia Sheinbaum responde con la entrega de 37 miembros de cárteles al requerimiento del sistema de justicia estadounidense, defendiendo la acción como “decisión soberana”. La ruta es bilateral, con un énfasis en las demandas de Washington. ¿Pero, hasta cuándo serán sostenible las acciones jurídicas bilaterales?
La bilateralidad es claramente asimétrica, pues el poder está notoriamente dominado por el hegemón americano. Es necesario para México evaluar otras vías para defender su soberanía. Las instancias internacionales aparecen no como una ruptura con Estados Unidos, sino como contrapeso diplomático. Para México, tomar este camino conlleva un mensaje de no subyugación hacia su principal socio comercial, y representa la búsqueda de legitimidad internacional.
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El acudir a instancias multilaterales como la Organización de los Estados Americanos elevaría costos políticos y marcaría un límite claro. Este escenario no tiene un enfoque en una respuesta inmediata de dichos procesos, pero sí implica reinsertar la conversación de la soberanía en foros multilaterales y diplomáticos. Es contención diplomática y una canalización de tensión política.
La complejidad del narcotráfico va más allá de acciones bilaterales y foros internacionales, pues exige un enfoque de corresponsabilidad entre estados. Porque mientras se condene a un solo Estado de dicha problemática, se ignora la constante demanda que existe a nivel global, e imposibilita una estrategia de seguridad sostenible a largo plazo.
Represalias comerciales en un escenario coercitivo
Yussef Farid Núñez es analista de riesgos políticos y geopolítica
A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reordenado sus prioridades de seguridad nacional, colocando el control fronterizo y el combate al crimen organizado como ejes centrales de su estrategia. En este marco, la amenaza de llevar a cabo operaciones unilaterales en territorio mexicano ha vuelto al centro del debate bilateral, abriendo la pregunta sobre qué herramientas reales tiene el gobierno de México para defender su soberanía. Entre las opciones que se mencionan públicamente se encuentran las sanciones o represalias comerciales; sin embargo, su factibilidad es limitada. México destina alrededor del 83 por ciento de su comercio exterior a Estados Unidos, lo que reduce significativamente su margen de maniobra y hace que cualquier escalamiento económico tenga efectos asimétricos.
Desde una perspectiva económica, recurrir a sanciones o represalias comerciales tendría un impacto inmediato sobre sectores estratégicos como manufactura, automotriz, agroindustria y logística, con efectos negativos sobre crecimiento, empleo y estabilidad financiera. La alta integración de las cadenas de suministro en América del Norte amplificaría estos costos para México, mientras que para Estados Unidos el daño sería más concentrado y políticamente sensible en estados fronterizos como Texas.
El nivel de interdependencia sugiere que México estará presionado a algún tipo de coordinación con Estados Unidos. Este arreglo podría mantenerse en un plano discreto, combinando una narrativa interna de “cooperación sin subordinación” con una mayor apertura operativa tras bambalinas. Aunque la amenaza de represalias comerciales puede mantenerse como último recurso, su utilidad práctica es reducida. En términos estratégicos, la opción más viable para México es preservar un canal de cooperación que permita actividades selectivas en materia de seguridad, limitando costos económicos. Este escenario refuerza la asimetría estructural de la relación bilateral y limita opciones.
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Cooperar sin ceder: México frente a la coerción económica y la presión de seguridad ejercidas por Trump
José Joel Peña Llanes. Doctor en Derecho, internacionalista y profesor de la UNAM
Washington ha convertido la coerción económica en un recurso habitual de su política exterior y, cuando lo considera necesario, la acompaña con fuerza militar. La administración de Donald Trump busca, aún en contra de obligaciones internacionales básicas (no intervención, respeto a la soberanía e integridad territorial) y, en cierto modo, del derecho interno estadounidense (autorización legislativa, debido proceso, jurisdicción, etc.), obtener concesiones alineadas con intereses estratégicos.
Venezuela es el ejemplo más reciente, pero no el único. La captura de Nicolás Maduro y su esposa tras una operación sin el consentimiento del Estado venezolano, cuestionada por su compatibilidad con la prohibición del uso de la fuerza, y la pretensión de “administrar” el país hasta un cambio de régimen chocan con los principios ya mencionados que regulan la convivencia internacional. Para México y otros gobiernos latinoamericanos, el mensaje es claro: la presión ya no se limita a sanciones disuasorias, también se expresa en hechos consumados.
La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, publicada a finales de 2025, anticipa este enfoque al proponer un reajuste de la presencia militar hacia el Hemisferio Occidental para contener la migración y el narcotráfico que, por cierto, son los dos temas que sostienen internamente el respaldo político de Trump, aunque su margen se estrecha: la encuesta New York Times/Siena publicada el 22 de enero de 2026 registra 56% de desaprobación.
En esta coyuntura, México ha optado por una cooperación pragmática para reducir el riesgo de nuevas medidas coercitivas, incluidas sanciones comerciales y presiones de seguridad. Ha reforzado la seguridad en sus fronteras, ha trasladado a personas vinculadas al crimen organizado para que enfrenten procesos en Estados Unidos y ha exhibido resultados operativos, como decomisos de fentanilo y el desmantelamiento de narcolaboratorios. Cooperar no implica entreguismo: es defender la soberanía con capacidades propias.
Narcotráfico, sin soluciones fáciles
Hiromi Amador. Internacionalista
El narcotráfico volvió a colocarse como eje de la conversación entre México y Estados Unidos, no porque haya cambiado de forma, sino porque volvió a ser útil políticamente. En Washington, el tema reaparece acompañado de un lenguaje de urgencia y fuerza, donde se sugieren soluciones rápidas frente a un problema que lleva décadas sin resolverse. En México, la reacción ha sido demostrar disposición a colaborar, subrayar resultados concretos y reiterar que la soberanía no está en juego. Entre ambos discursos, sin embargo, queda un espacio incómodo donde rara vez se detiene la discusión: el impacto interno de esta presión y sus consecuencias en la seguridad cotidiana.
Las extradiciones y traslados recientes de personas vinculadas al crimen organizado no ocurren en el vacío. Responden a un momento político específico y buscan enviar mensajes hacia fuera tanto como ordenar tensiones hacia dentro. Aunque una intervención directa sigue siendo poco viable en términos legales y políticos, el solo hecho de que se normalice ese discurso tiene efectos concretos en la dinámica de seguridad dentro del país.
Históricamente, cada reacción en la estrategia contra el narcotráfico ha tenido consecuencias territoriales. Cuando se captura, extradita o neutraliza a líderes criminales, los vacíos de poder no se traducen en paz, sino en disputas. Hoy, estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y partes de Zacatecas concentran estos riesgos. No es casualidad que en Sinaloa, uno de los principales lugares del crimen organizado, la violencia política vuelva a ocupar titulares, con ataques armados que alcanzan incluso a representantes electos.
La presión externa no distingue entre seguridad nacional y seguridad cotidiana. Para Estados Unidos, el problema se mide en flujo de drogas, consumo y violencia transfronteriza. Para México, el impacto se vive en comunidades militarizadas, desplazamientos forzados, economías locales fracturadas y una normalización de la violencia que erosiona la vida democrática. Cada operativo, cada despliegue, cada golpe al narco se traduce en tensiones que no siempre se acompañan de políticas de protección civil, atención a víctimas o reconstrucción del tejido social.
Las amenazas y la presión por parte de Estados Unidos en el tema del narcotráfico dejan claro que un ataque de las fuerzas estadounidenses contra los cárteles en suelo mexicano es posible. Sin embargo, México tiene algunas cartas con qué jugar.
Primero, prepararse y “establecer límites”, señala la analista internacional Scarlett Limón Crump.
Luego, la integración económica. México, considera Rodrigo Cornejo, Maestro en Seguridad y Políticas Públicas, debe subrayar la importancia de un nexo que es “irreversible”. Esa misma integración abre la vía a la opción de las represalias económicas. Para el internacionalista Emiliano Ponce, la alternativa es recurrir a las instancias internacionales. Y una última: insistir en que un ataque al narco no resuelve un problema que es tan complejo
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