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La Paz.— Autoridades bolivianas de distinto signo llamaron a la pacificación del país, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el país exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden y contabilizó cuatro fallecidos más en las manifestaciones en el país respecto a su balance de la víspera, totalizando en “por lo menos 23” los decesos desde el estallido de la crisis en la nación.
“Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto”, reclamó ayer la titular de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido de Morales (el Movimiento al Socialismo).
Jerjes Justiniano, ministro de la presidencia del nuevo gobierno de la mandataria proclamada Jeanine Áñez, manifestó antes que las gestiones para acabar con la violencia deben involucrar “al país completo” y exhortó a que los bolivianos: “Depongamos esa actitud [de confrontación] y que, por el contrario, busquemos cosas que nos unen”.
Una concentración por la paz, convocada por asociaciones vecinales de La Paz para pedir por el cese de la violencia tras casi cuatro semanas de protestas, enfrentamientos y saqueos, fue suspendida a último momento por los organizaciones “por razones de seguridad”, según dijeron los organizadores.
A unas cuadras de esa fallida concentración, marchaban unos mil campesinos que llegaron desde una población de La Paz para protestar por el gobierno provisional, de Áñez, y a favor de Morales.
El expresidente boliviano, asilado en México desde el martes, renunció el domingo tras perder el apoyo del ejército, después de tres semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el “uso innecesario o desproporcionado” de la fuerza policial o militar, puede llevar a la situación en Bolivia a “salirse de control”.
La CIDH alertó en la red social Twitter sobre una norma firmada por Áñez al frente de su Ejecutivo interino, que “pretende eximir de responsabilidad penal al personal de fuerzas armadas que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno”.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino, Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes “no contribuye a ningún estado de mayor violencia”, sino que es un instrumento para “contribuir a la paz social”.
“Nuestro pueblo pide paz y concertación”, tuiteó Morales desde su exilio. El jefe de la oficina boliviana de Interpol informó de la repatriación de un contingente de 226 médicos cubanos.
