Miami.— Frente a la presión de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en México, las autoridades estadounidenses son conscientes de que puede venir una respuesta de parte del narco. Por el momento, son tres escenarios los que se manejan: que los cárteles arrecien los ataques contra las fuerzas mexicanas, algo que ya ocurre; que ataquen intereses estadounidenses, como ha sucedido en el pasado, o que respondan enviando a Estados Unidos droga, particularmente fentanilo, más peligrosa, más mortal.
Información de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadounidense (ODNI) revisada por EL UNIVERSAL describe una escalada que ya está ocurriendo contra fuerzas mexicanas. Su evaluación afirma que organizaciones criminales basadas en México “están incrementando ataques letales” mediante artefactos explosivos improvisados, y menciona ejemplos concretos: “minas”, “morteros” y “granadas”. El mismo documento da una cifra que define el nivel del riesgo: “En 2024 hubo casi mil 600 ataques” contra fuerzas de seguridad mexicanas usando esos explosivos improvisados.
La ODNI subraya que los cárteles son “en gran medida responsables” de “más de 52 mil muertes” por opioides sintéticos en el periodo fiscal de 2024, pero señala que “alcanzo su máximo pico durante los años fiscales 2022 y 2023, con más de 100 mil muertes por sobredosis y más de 80 mil simultáneamente”.
“Para ponerlo en perspectiva, en la guerra de Vietnam, durante los ocho años de combate, murieron alrededor de 58 mil estadounidenses; en consecuencia, el fentanilo es auténticamente una guerra a detener a como dé lugar”, señala a este diario el especialista en seguridad binacional Jaime Ortiz.
Sin embargo, el gobierno estadounidense es consciente de que esta presión a los cárteles no se quedará sin respuesta por parte del narco mexicano.
Ortiz advierte de “ataques repetidos [de los cárteles] contra patrullas, convoyes, bases, retenes y rutas de operación”. Asegura que si el gobierno mexicano lanza operativos para capturar o matar a jefes importantes (mandos de alto valor), “los cárteles suelen subir el nivel de ataques, sobre todo con explosivos, porque esos ataques les sirven para hacer más difícil que las fuerzas de seguridad puedan entrar, moverse y sostenerse en el terreno”.
De igual manera, cuando las fuerzas mexicanas reciben inteligencia o apoyo técnico de Estados Unidos, “los cárteles suelen buscar que ese vínculo tenga un costo visible: más ataques, más muertos, más bloqueos, más miedo en ciudades y carreteras”, subraya Ortiz. El objetivo es presionar a autoridades locales y federales “para que reduzcan los operativos o para que discutan, otra vez, los límites de la coordinación con Washington”.
La ODNI sostiene que algunos grupos “probablemente cambiarán, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas” cuando aumenta la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera. “Eso crea rutas nuevas que a su vez trae disputas nuevas y esas disputas pueden disparar la violencia en regiones donde antes no estaba el foco puesto”.
Sin embargo, un riesgo mayor, advierte Ortiz, es que los cárteles se sientan tan presionados que comiencen a buscar “objetivos con mayor impacto político, como instalaciones y personal de Estados Unidos en México”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene documentado un antecedente oficial: en marzo de 2022, el Cártel del Noreste atacó el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con disparos y granadas. Las autoridades estadounidenses lo describen como “una represalia después del arresto de un integrante del grupo buscado en México por delitos graves”, y señalan que “el consulado cerró durante casi un mes a raíz del ataque”. Este hecho muestra que el blanco a golpear puede ser un símbolo del gobierno estadounidense, no sólo mexicano.
El mismo comunicado de OFAC describe una amenaza que el gobierno estadounidense considera real en territorio mexicano: una “campaña” de “intimidación, secuestro y terrorismo” con impacto “a ambos lados” de la frontera, como una herramienta de presión.
El riesgo para ciudadanos estadounidenses en México también aparece en documentos oficiales estadounidenses. “Lo hemos escuchado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en sus avisos oficiales de viaje a México, advierte sobre la presencia de crimen violento y secuestros; y reconoce que el gobierno estadounidense tiene capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México”, comenta Ortiz. En una crisis, esa limitación se traduce en tiempos de respuesta más lentos y en zonas donde el apoyo consular no llega con rapidez.
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Ortiz señala que, a mayor violencia de los cárteles, mayor riesgo de que turistas o residentes estadounidenses en México resulten afectados, incluso sin ser el objetivo específico del narco.
Si la escalada llegara a un punto extremo, “el secuestro selectivo sería una de las herramientas más peligrosas, porque crea crisis política inmediata y obliga a decisiones urgentes”, advierte el especialista.
La propia OFAC, al describir secuestro e intimidación como parte de una “campaña hostil del narco”, retrata ese repertorio como algo disponible para ciertos grupos cuando buscan presionar.
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Instituciones gubernamentales dedicadas a la seguridad contra los cárteles mexicanos de ambos países, como la ODNI, afirman que estas organizaciones criminales realizan también “operaciones cibernéticas”, “lavado de dinero” e “incitación a la violencia”. Eso abre espacio para amenazas, filtración de datos, hostigamiento en línea y ataques oportunistas contra sistemas civiles, con el objetivo de aumentar el miedo y el desorden en el momento de mayor tensión, dice el informe.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OIG del DoJ) auditó la cooperación con unidades extranjeras apoyadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y concluyó que operar en entornos con “corrupción generalizada” con- lleva “riesgos significativos” para el personal, la “seguridad de la información”, la seguridad de civiles y las relaciones diplomáticas.
“Una filtración puede convertir un operativo planeado en una emboscada; una emboscada eleva el uso de fuerza y un aumento del uso de fuerza eleva el riesgo de muertes civiles y de una crisis política que rompe la cooperación”, subraya el especialista Ortiz.
Una respuesta no armada, pero letal
A este tipo de respuesta violenta se suma otra, igualmente peligrosa: una represalia que cruce la frontera sin disparar un tiro: modificar a propósito lo que entra al mercado de drogas en EU. Si los cárteles concluyen que Washington ya no busca contenerlos, sino quebrarlos, “podrían intentar presionar con el método que mejor conocen y que más impacto político produce: multiplicar muertes por sobredosis”, señala Ortiz.
En esa lógica, el fentanilo puede ser sustituido o mezclado con sustancias todavía más potentes, como carfentanilo o nitazenos, aunque sea por un periodo corto; el efecto sería inmediato y masivo, porque la cadena de distribución en Estados Unidos es rápida “y la gente que consume no tiene forma real de saber qué le vendieron”, dice el especialista.
Una escalada así convertiría el debate sobre “operaciones” en México en una discusión interna sobre miles de muertos adicionales en ciudades estadounidenses, “con una enorme presión pública para responder y con el alto riesgo de decisiones apresuradas que empeoren la crisis”.
Ese tipo de represalia química encaja con el mismo patrón que ya se ve en tierra; cuando el gobierno mexicano aprieta, los cárteles obligan a frenar operativos y buscan controlar la agenda política. “Atacan con explosivos a fuerzas mexicanas para hacer más lento el avance en su territorio y, al mismo tiempo, endurecen el veneno que colocan en el mercado estadounidense”, dice Ortiz; con ello, añade, los cárteles envían un mensaje: “Podemos lastimar en ambos lados”.
“En ese escenario, la tentación de responder con golpes rápidos y visibles crece, pero también crece el riesgo de errores, de daños a civiles y de una ruptura política entre México y Estados Unidos”, alerta.
Por ello, considera, “el camino más útil no es una cadena de ataques limitados, sino una presión policial y de inteligencia sostenida, precisa y coordinada con México, enfocada en obligar cambios medibles en el comportamiento criminal”. Esa presión, explica, debe buscar resultados concretos contra los cárteles, como menos capacidad operativa, menos control territorial, menos rutas, menos dinero y, de forma directa, menos potencia letal en lo que venden y trafican hacia Estados Unidos.
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