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Una jueza desestimó la demanda presentada por la administración Trump contra la ley de Nueva York que impide a los funcionarios de inmigración arrestar a personas en los tribunales estatales, afirmando que el gobierno federal no puede obligar a los estados a cooperar con esas acciones policiales.
La jueza Mae D'Agostino concedió la tarde el lunes la moción de Nueva York para desestimar la demanda del gobierno, una de varias acciones legales de la administración republicana contra políticas estatales y locales en el tema migratorio.
La demanda impugnaba una ley estatal de 2020 que prohíbe a los funcionarios federales de inmigración arrestar a personas que entran o salen de los tribunales de Nueva York o que están en el tribunal para procedimientos, a menos que tengan una orden firmada por un juez.
La ley, llamada Ley de Protección de Nuestros Tribunales, fue aprobada en respuesta a las acciones policiales en los tribunales durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La ley no cubre los tribunales federales de inmigración.
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En su demanda, el Departamento de Justicia afirmó que la ley de Nueva York y dos órdenes ejecutivas estatales relacionadas eran inconstitucionales porque obstruían la ejecución de las autoridades federales de inmigración.
Sin embargo, D'Agostino determinó que la decisión de Nueva York de no participar en las acciones migratorias está protegida por la Décima Enmienda, que establece límites a los poderes del gobierno federal.
"Fundamentalmente, Estados Unidos no logra identificar ninguna ley federal que obligue a los funcionarios estatales y locales a asistir o cooperar con los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración federal. Ni podría hacerlo", escribió la jueza. "No existen tales leyes federales porque la Décima Enmienda prohíbe al Congreso reclutar a funcionarios y recursos estatales y locales para asistir con esquemas regulatorios federales, como la aplicación de la ley de inmigración".
El Departamento de Justicia por ahora no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios sobre el fallo, incluyendo si planea apelar.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata cuya oficina ofreció los argumentos para desestimar la demanda, declaró que estaba luchando por la "dignidad y los derechos de las comunidades inmigrantes".
"Todos merecen buscar justicia sin miedo", indicó James en un comunicado. "Este fallo asegura que todos pueden usar los tribunales estatales de Nueva York sin temor a acciones por parte de las autoridades federales".
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