22 | SEP | 2019
Interamericana de Derechos Humanos solicita protección para 17 presos políticos en Nicaragua
Lucía Pineda y Miguel Mora. Foto: cortesía

Interamericana de Derechos Humanos solicita protección para 17 presos políticos en Nicaragua

22/05/2019
09:16
José Meléndez / corresponsal
Costa Rica
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La medida fue dictada luego de que el 16 de mayo Eddy Montes, prisionero político, fue asesinado por un vigilante penitenciario en un incidente a balazos en la cárcel La Modelo

San José.- En una sorpresiva petición con carácter de urgente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la noche del martes solicitó al gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias de protección de salud, vida e integridad de 17 presos políticos nicaragüenses encarcelados en las cárceles de La Modelo y La Esperanza o sometidos a arresto domiciliario.

La solicitud, suscrita por el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidente de la Corte, recalcó que el máximo tribunal continental de justicia “resolvió adoptar diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud, vida e integridad” de las 17 personas. Ferrer calificó la situación como de “extrema gravedad”.

La medida fue dictada luego de que el 16 de mayo el prisionero político nicaragüense-estadounidense Eddy Montes fue asesinado por un vigilante penitenciario en un violento incidente a balazos en la cárcel La Modelo, al norte de Managua, que dejó al menos a seis presos heridos.

Aunque todavía se desconocen las reacciones del gobierno nicaragüense, la resolución es de acatamiento obligatorio por parte de Nicaragua como estado que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en 1969 en Costa Rica. Por lo tanto, Nicaragua reconoce la jurisdicción de la Corte y de CIDH, con base en Washington.

Los sucesos agudizaron la crisis política, socioeconómica e institucional que estalló el 18 de abril de 2018 en Nicaragua, la cual suscitó una masiva movilización de fuerzas opositoras que, de manera reiterada, exigieron la renuncia del Presidente de ese país, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras acusar a la pareja gobernante de mantener una dictadura dinástica.

La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), subrayó en su resolución que la Comisión le solicitó el 15 de mayo pasado que requiriera al estado de Nicaragua que adoptara las medidas necesarias “para preservar la salud, vida e integridad” de las 17 personas. La Comisión es otra dependencia autónoma de la OAE.

En un informe que remitió anoche a EL UNIVERSAL, la Corte subrayó que “tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”.

Ante ese panorama, Ferrer señaló “la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar en que se encuentren”.

La Corte también abogó para que el gobierno de Nicaragua otorgue permiso “a la mayor brevedad posible” y que una delegación de ese tribunal, formada por Ferrer y por otros integrantes de esa estructura del sistema hemisférico de derechos humanos, visite las cárceles de La Esperanza, al este de Managua, y La Modelo o el lugar donde permanecen los distintos beneficiarios de las medidas que dictó.

El objetivo, agregó, es “poder entrevistarse con cada uno” de los 17 y con autoridades estatales.

Presos políticos

De acuerdo con el reporte oficial de la Corte, la lista de los 17 presos políticos es la siguiente:

Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irlanda Undina Jeréz Barrera.

De estas personas el gobierno de Ortega otorgó el pasado lunes el derecho de “convivencia familiar” o arresto domiciliario, por lo que la Corte instó a sus representantes o a la Comisión que “confirmen que tal beneficio se hizo efectivo y se encuentran en libertad”. Los cinco que recibieron este beneficio son: Peralta Serrato, Ampié Toledo, Ampié Macho, Lira Luquez y Muñoz Pavón.

Sobre los otros 12, la Corte requirió al estado nicaragüense a que “evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos”.

Pineda Ubau y Mora Barberena son periodistas y fueron detenidos el 21 de diciembre anterior en sus puestos de trabajo, en las instalaciones del clausurado telenoticiero independiente 100% Noticias, en Managua, por orden del Presidente Ortega, en un allanamiento policial y paramilitar, y acusados de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.

Un movimiento cívico surgió espontáneo en abril de 2018 para rechazar un plan de reformas a la seguridad social y aunque el dúo presidencial lo derogó el malestar prosiguió y desató una multitudinaria exigencia opositora de restablecimiento de la democracia con un paso clave: la dimisión de Ortega y de Murillo.

El matrimonio desplegó policías y paramilitares ante el repudio callejero en un prolongado conflicto sin expectativas de solución, por lo que se le acusó dentro y fuera de Nicaragua de desatar una intensa e indiscriminada represión.

Arrinconados por la oposición, el presidente y la vicepresidenta reiteradamente negaron los cargos de represión, descartaron dimitir y adelantar los comicios presidenciales de 2021 a 2019 y atribuyeron la crisis a un plan de golpe de estado terrorista del que culpó al gobierno de Estados Unidos y a la oposición.

El diálogo entre oficialistas y opositores está paralizado.

El bloque opositor condicionó el pasado lunes la reanudación de las negociaciones a la liberación de la totalidad de los prisioneros políticos. Organizaciones nicaragüenses no estatales de derechos humanos calcularon que, luego del estallido de la crisis en abril del año pasado, hay más de 700 presos políticos por la represión del oficialismo.

El texto completo de la resolución de la Corte puede accederse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/diecisiete_personas_se_01.pdf

iarp

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