Independencia de instituciones, clave en la lucha anticorrupción

Brasilia.

Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre 2003 y 2014, 788 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos. El impacto no fue mayor porque, en diversas naciones de la región, falta independencia y estructura de las instituciones, como el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias.

Las sacudidas más fuertes fueron en Perú, donde Odebrecht llegó a ser la mayor empresa extranjera en el país. El escándalo ocasionó la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, sustituido en el cargo por Martín Vizcarra, juicios penales contra los ex mandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el ex jefe de Estado Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

El caso Lava Jato también produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboración premiada, el Código de Procedimiento Penal de Perú comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.

Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron 29 millones de dólares en sobornos en Perú fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios públicos. Ese sistema comenzó a funcionar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellos los del caso Odebrecht.

En Panamá, donde tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 86 millones de dólares, el caso llevó a que dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli se fugaran a EU, ambos acusados de recibir sobornos. En abril, la cancillería panameña solicitó formalmente a EU la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

Quien también huyó a EU en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, ex candidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de 18 millones de dólares en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el Sur de México y a El Salvador.

Otro político prófugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, ex ministro y también ex candidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco está avanzando en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.

En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de EU. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran por 11 millones de dólares, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de 32.5 millones millones de dólares, pero se estima que esa cifra aún puede ser mayor.

En Argentina, donde los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado 41.9 millones de dólares para obtener varios contratos de obras públicas, las revelaciones sobre el Lava Jato igualmente tuvieron un impacto enorme, aunque podrían tener mayores consecuencias si el Poder Judicial argentino pudiera acceder a la información brindada por los “doleiros” (cambistas ilegales) brasileños. En este momento, los fiscales argentinos aún negocian la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener información detallada sobre el pago de sobornos por parte de Odebrecht en Argentina.

La principal complicación en la obtención de un acuerdo, es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes cuando ellos colaboran con la justicia dando información. El caso Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de Argentina. Con apoyo del gobierno, el Congreso argentino aprobó, el año pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.

En Ecuador, donde Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en sobornos, la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Los funcionarios eran allegados a ex integrantes del gobierno del ex mandatario Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.

Inicialmente, el ex fiscal Carlos Baca Mancheno, quien por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Pero se cree que fue una estrategia para dispersar las investigaciones en vez de concentrarlas en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.

Otro país donde la influencia del poder ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí, el procurador general de la República es designado por el presidente, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que realizó grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.

Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Los principales líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no realizar una investigación consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.

En El Salvador, el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el ex presidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht 1.5 millón de dólares para su campaña presidencial en 2008, en la cual el asesor de marketing político fue el brasileño João Santana. Funes se exilió en Nicaragua después de haber sido acusado de desviar casi un millón de dólares durante su gobierno. En abril último, el procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que sólo consiguió cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuraduría General de la República brasileña.

Según los especialistas, México fue otro de los países donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. Allí se creó un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el accionar de Odebrecht en el país. La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a nivel federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública, luego de las investigaciones generadas por el Lava Jato.

Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.

El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal, estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobación de la Cámara.

Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Ajufe (Asociación de Jueces Federales de Brasil), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. “Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma Alves.

El mismo proyecto también limita las conducciones coercitivas. Por esta propuesta, testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza, sin haber sido previamente intimados a prestar declaración a las autoridades legales.

Es decir, las conducciones coercitivas sólo estarían permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la idea. Por seis votos a cinco, determinó que la conducción coercitiva sólo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna investigación fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña, estén pendientes de ejecución en el país. La ex fiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi, que tuvieron 42 millones de dólares congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.

Diaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero. “La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.

*** Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana.