Bruselas.— Desde América Latina hasta Europa y África, reducir la disparidad en el acceso a la justicia para las mujeres no es una prioridad, a pesar del consenso sobre sus efectos multiplicadores y beneficios para las sociedades, las economías y la reducción de la violencia.
Los últimos datos divulgados por ONU Mujeres estiman que 5% de la asistencia para el desarrollo asociada a la justicia va dirigida a proyectos en los que la igualdad de género es un objetivo prioritario.
La falta de atención en la materia, aunado a los recortes en las contribuciones de los países donantes y la proliferación de conflictos armados, hacen poco probable que la comunidad internacional cumpla la promesa de proporcionar acceso a la justicia para todos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Muchos países donantes han reducido el gasto en ayuda internacional. Entre 2023 y 2024, la ayuda oficial al desarrollo disminuyó por primera vez en cinco años. El monto en 2024 fue 9% inferior al de 2023, y la OCDE calculó que habría una disminución adicional de 9% a 17% en 2025.
De acuerdo con el think tank Centro para el Desarrollo Global, cuando hay recortes son las mujeres y niñas las más afectadas debido al enorme rezago existente.
Cuando hay conflictos armados, las mujeres son las que pagan el precio más alto. En escenarios frágiles, la brecha de justicia se profundiza, al tiempo que se acentúan los círculos de violencia.
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De Myanmar a Sudán, de Haití a Palestina, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) contabilizó entre el 1 de noviembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, 204 mil 605 eventos conflictivos a escala global, con por lo menos 240 mil muertos.
El aumento en el número de guerras ha ido acompañado de niveles récord de mujeres y niñas asesinadas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU reporta que entre 2023 y 2024, 21 mil 480 mujeres y 16 mil 690 niños y niñas fueron asesinados en conflictos durante el periodo 2023-2024, lo que representa cuatro veces más en comparación con el periodo 2021-2022.
Los abusos han ido en escalada ascendente, así como los niveles de brutalidad y crueldad. Los incidentes documentados de violencia sexual contra niñas en zonas de guerra aumentaron en 35% en 2024 con respecto al año anterior. En total, unas 676 millones de mujeres estarían viviendo a menos de 50 kilómetros de algún conflicto mortal, estima la oficina del secretario general de la ONU. Pero la realidad muestra que ninguna nación ha alcanzado la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. ONU Mujeres sostiene que las mujeres disfrutan sólo de 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo. Asegura que, de continuar avanzando al ritmo actual, pasarán 286 años antes de cerrar la brecha en la protección jurídica.
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Acortar la disparidad en materia judicial es fundamental porque es en este espacio en donde se define a quién se cree, quién goza de protección y quién puede reclamar sus derechos; es la ruta con la que se pone alto a la impunidad, la violencia y la vulnerabilidad. Aunque las leyes, por sí solas, no necesariamente imparten justicia ni brindan protección. Los derechos de las mujeres fracasan con frecuencia no por la falta de leyes, sino porque la justicia nunca llega a quienes la necesitan.
“La justicia es la diferencia entre los derechos que existen sobre el papel y los derechos que existen en la vida real. Cuando las mujeres no pueden acceder a la asistencia jurídica, cuando los tribunales no están preparados para tratar la violencia de género o cuando el abuso en línea expulsa a las mujeres del debate público, la propia democracia se ve debilitada”, afirma la eurodiputada liberal Lucia Yar.
“La igualdad no se logra porque se decida normativamente (...) La igualdad no puede ser formal, tiene que ser real”, dice la jurista española Lourdes Arastey Sahún, presidenta de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Los datos más actualizados por Global 50/50 exhiben la falta de representación de la mujer en el proceso judicial. Las mujeres ocupan 28% de los puestos en tribunales internacionales, en menos de 20% de los despachos de abogados internacionales la mujer es socia y sólo 31 países tenían una presidenta del Tribunal Supremo en 2022.
En los cuerpos policiacos, a pesar de que se ha documentado que contar con agentes mujeres reduce la corrupción y eleva las probabilidades de denunciar violencia de género, por ejemplo, en EU sólo 13% de los policías que han prestado juramento son mujeres.
“Cuando esas instituciones no son representativas, inclusivas ni responsables, corren el riesgo de afianzar la desigualdad en lugar de eliminarla”, afirma Helen Clark, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Nueva Zelanda (1999 a 2008).
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A todas estas adversidades se suma el miedo, el estigma, los prejuicios, la discriminación, el silencio por presión familiar y social, la falta de representación jurídica, sistemas complejos y burocráticos, así como otros factores amplificadores de la desigualdad, como la pobreza, el origen étnico, el color de la piel o el estatus migratorio.
En la UE, una de cada seis mujeres ha sufrido violencia sexual, incluida la violación, en su edad adulta, pero sólo una de ocho llega a reportar, sostiene la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales.
El Instituto Europeo para la Equidad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) afirma que la paridad en la justicia no debe verse exclusivamente como una cuestión de igualdad, sino también como un asunto que beneficia a la sociedad en general, al ser un catalizador de crecimiento económico, empleo y productividad.
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La agencia con sede en Vilna, Lituania, señala que la igualdad de derechos supondría un aumento del PIB per cápita de la UE de entre 6.1% y 9.6%, lo que equivale a entre 1.95 y 3.15 billones de euros para 2050.
De no cambiar rumbo y seguir a la velocidad actual, la plena igualdad de género está en Europa, como mínimo, a 50 años de distancia. “Europa ha avanzado poco a poco, pero demasiado lento. Necesitamos establecer objetivos de liderazgo que transformen el potencial de las mujeres en poder. Así es como pasamos del progreso teórico a la igualdad de género en la vida de las personas”, afirma Carlien Scheele, directora de EIGE.
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