Honduras, sumida en crisis, a 10 años del golpe

San José

En la madrugada del 28 de junio de 2009, y en una conspiración de militares y políticos hondureños, Manuel Zelaya fue sacado a la fuerza en pijama y en paños menores de su residencia presidencial de Honduras, llevado a un aeropuerto de Tegucigalpa, subido a una aeronave y, en contra de su voluntad, enviado a Costa Rica tras ser despojado de sus poderes ejecutivos.

La accidentada secuencia, justificada en bloquear el ansia reeleccionista de Zelaya en un país en el que la reelección tenía candado constitucional, consumó hace una década lo que hasta hoy todavía es el último golpe de Estado en América Latina y el Caribe, con un prolongado historial de más de 200 años de asonadas castrenses para instalar gobiernos de facto.

Pero al cumplirse hoy 10 años de un acontecimiento que sacudió la geopolítica americana y europea, y por el que Zelaya nunca retornó a la Presidencia, Honduras se precipitó a la violencia con muertos, heridos y represión y llevó al país a sufrir severas sanciones económicas y políticas internacionales.

A las facturas políticas pendientes en América Latina y el Caribe se añaden las agudas carencias sociales en una región que, con unos 623 millones de habitantes, tiene unos 122 millones en la pobreza y unos 62 millones en la miseria extrema, por lo que hay unos 184 millones todavía azotados por la desesperanza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sin indicios reales de solución a los líos socioeconómicos que generan una creciente migración intracontinental, lo que en el caso venezolano es éxodo, varios dilemas emblemáticos golpean el escenario político regional, como la cuestionada legitimidad institucional gobernante en Honduras, Venezuela y Nicaragua.

Al tenso panorama democrático se suma la prolongación del régimen comunista de Cuba, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina o Brasil, y la discriminación en República Dominicana, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y en numerosos países del área. La crisis hondureña se prolongó, a un decenio del golpe.

Con menos atención externa que las crisis en Nicaragua, que surgió en 2018, y en Venezuela, que recrudeció hace más de cinco años, Honduras también cayó en una tormenta por la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.

Pese a que alegó que su reelección fue legítima, Hernández se hundió en agudos conflictos internos. En un hecho sin antecedentes desde que, en 1982 y después de unos 20 años de regímenes castrenses, Honduras avanzó a la democracia, Hernández quitó el veto constitucional y se reeligió en unos dudosos comicios en noviembre de 2017 para un segundo cuatrienio presidencial consecutivo, que inició en enero de 2018.

Otros comicios, como los del 16 de junio anterior en Guatemala, reconfirmaron en el poder a castas políticas y económicas tradicionales en una nación acorralada por la prolongada corrupción con impunidad.

Los 33 países latinoamericanos y caribeños repitieron en 10 años que sus democracias se fueron consolidando, sin importar si defendieron los modelos gobernantes en San José, Bogotá, La Habana, Caracas, Managua, Brasilia, La Paz, Guatemala, San Salvador o Tegucigalpa.

Pero la realidad es que la criminalidad se agravó en una década en la mayoría de las naciones y atizó un cóctel de desafío a la democracia: miseria, inseguridad, corrupción, impunidad, migración forzada e inestabilidad.