Con un paro nacional que exigió la inmediata renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y con la dimisión de tres ministros y un puñado de viceministros que aceleró el colapso gubernamental, la crisis política guatemalteca por la corrupción y la impunidad se agravó ayer a la espera de que el Congreso de la República acepte o rechace hoy despojar de inmunidad al mandatario para juzgarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.

Para retirar la inmunidad a Morales y dejar la vía libre para que sea juzgado, se requiere de una mayoría calificada de 105 votos de los 158 miembros del Congreso, en un turbio escenario institucional que se agravó en las últimas horas conforme se acerca la histórica votación legislativa y sin que se descarte que, ante el acoso, quede obligado a renunciar.

Ante este panorama, miles de guatemaltecos abarrotaron ayer la Plaza de la Constitución, en el centro capitalino, en un multitudinario paro que, como masiva expresión popular, estrechó el cerco sobre Morales, asediado por un escenario de convulsión interna por la crisis de corrupción e impunidad que estremece a Guatemala desde el 22 de agosto pasado. También se llevaron a cabo movilizaciones en el interior del país.

En un hecho que agudizó el aislamiento del acorralado mandatario, los ministros Francisco Rivas, de Gobernación, Julio Héctor Estrada, de Finanzas Públicas, y Leticia Teleguario, de Trabajo, presentaron anteanoche en bloque su dimisión, al aducir que por el conflicto se cerraron sus espacios para mantenerse en el Poder Ejecutivo. Varios viceministros también renunciaron a su cargo.

Morales quedó atrapado en un laberinto político luego de que la mayoría de bancadas del Congreso acordaron el martes sesionar hoy para debatir si le retira su inmunidad, lo que podría inducirlo a dimitir conforme se construye su caso judicial y a que se someta a la justicia por el presunto delito de financiamiento electoral.

La sesión de hoy está programada para que empiece a las 10:00 horas locales (11:00 en el centro de México) y fue precedida por una votación el lunes 11 de este mes, en la que 104 legisladores rechazaron quitarle el fuero a Morales, cuya gestión de cuatro años cumplió 20 meses el pasado 14 de septiembre.

El proceso legislativo quedó abierto porque se requerían 105 para cerrarlo definitivamente.

Morales fue acusado el 25 de agosto anterior por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito, por recibir donaciones anónimas para su campaña de 2015, por más de 922 mil dólares que nunca reportó al Tribunal Supremo Electoral en su condición de secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que lo postuló a la presidencia en ese año y con el que ganó.

La crisis en el país se agudizó el pasado 22 de agosto, cuando Morales declaró “no grato” al colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, creada en 2006 con aval de la ONU e instalada en 2007 como querellante aliado al MP, aunque el mandatario fracasó en su intento de expulsarlo de Guatemala.

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