Ex guarura de Chávez, bajo la lupa en Venezuela

Investigan a Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en EU de lavado de millones de dólares

PUESTOS. Además de guarura, Alejandro Andrade llegó a ser tesorero nacional y titular del Bandes en Venezuela. Foto: EL COMERCIO/GDA
Mundo 23/11/2018 05:13 Agencias Actualizada 05:20
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Caracas.— La fiscalía general de Venezuela ordenó investigar y confiscar los bienes de Alejandro Andrade, un ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez que en Estados Unidos se declaró culpable de asociación ilícita para lavar más de mil millones de dólares de sobornos.

El fiscal general Tarek William Saab dijo ayer en rueda de prensa que también se ordenó el arresto de Andrade, ex guardaespaldas de Chávez que ascendió hasta convertirse en tesorero nacional, para “ir a fondo en una investigación que tiene que ver con la venta irregular de bonos de la nación” y el desvío de fondos del estatal Banco de Fomento Regional Los Andes a la banca privada.

El fiscal señaló que las medidas contra Andrade incluyen el “bloqueo e inmovilización” de sus cuentas bancarias en Venezuela, además de “órdenes de allanamiento y confiscación de bienes y propiedades de este delincuente”.

El anuncio se produjo dos días después de que fiscales federales en Estados Unidos revelaron en un comunicado que Andrade y el banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray aceptaron su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero hace meses, pero sus casos habían permanecido en secreto. Tras dejar su cargo Andrade se mudó al sur de Florida, donde compró una lujosa hacienda de caballos en el área de Wellington. Jiménez Aray, por su parte, fue propietario del Banco Peravia.

Sin mencionar el proceso judicial en EU, Saab dijo que se solicitará a Interpol que emita una “alerta roja” de búsqueda y detención contra Andrade. “Esperamos que Estados Unidos entregue al Estado venezolano” al ex funcionario, sostuvo.

Andrade, Jiménez Aray y el empresario Raúl Gorrín Belisario son miembros de una élite venezolana que amasó fortunas durante los gobiernos socialistas que comenzó Chávez en 1999 y que están bajo intensa investigación de los fiscales estadounidenses. Los dos primeros sellaron acuerdos con la fiscalía de EU a cambio de una posible reducción de condenas.

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