Guatemala.— Guatemala informó ayer que Washington le notificó que pondrá fin a un acuerdo que obligaba al país centroamericano a otorgar asilo a migrantes que buscaban llegar de forma irregular a Estados Unidos.
En un boletín, la Cancillería de Guatemala detalló que recibió “la comunicación por parte de las autoridades de Estados Unidos en la cual expresa la decisión de poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación en materia de Asilo, conocido como ACA”.
El gobierno guatemalteco dijo que “recibe con beneplácito lo expresado por el presidente Joe Biden” respecto al compromiso de Estados Unidos con Guatemala y la región, “orientado a mantener una estrecha colaboración y coordinación para afrontar juntos los desafíos relacionados con las causas de la migración irregular”.
Guatemala reafirmó “su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha y conjunta en el marco regional y bilateral, e impulsar esfuerzos orientados a garantizar la protección de las personas migrantes y sus derechos, en especial de niñas, niños y adolescentes”.
El gobierno de Alejandro Giammattei aseguró que debido a la pandemia se ha intensificado las medidas de seguridad para evitar la migración irregular. Un informe en el Senado de EU publicado el 18 de enero pidió al entonces presidente electo Biden terminar “inmediatamente” con los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) sellados con Guatemala, Honduras y El Salvador, impulsados por el ahora expresidente republicano Donald Trump.
El gobierno de Trump firmó en 2019 estos convenios con los integrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica como parte de su política contra la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría provenientes de esos países, huyendo de la violencia y la pobreza en multitudinarias caravanas.
Los ACA permiten que los migrantes extranjeros que solicitan asilo en la frontera de EU sean enviados a esperar la resolución de su trámites en esas naciones centroamericanas. Desde 2018 miles de centroamericanos emprendieron caravanas, debido a la pobreza y la inseguridad que viven en sus países de origen.
Human Rights Watch y Refugees International indicaron en mayo de 2020 que el convenio “no cumple con los criterios establecidos en las leyes estadounidenses respecto de acuerdos con terceros países seguros”.