Estados Unidos triangula costo de las deportaciones a México

Miami.— El gobierno de Donald Trump convirtió una deportación directa entre Estados Unidos y México en un recorrido por Centroamérica, con una triangulación en el costo.

Vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) atraviesan territorio mexicano y aterrizan en Guatemala u Honduras con ciudadanos mexicanos que después deben continuar por tierra, esperar nuevos documentos o conseguir otro transporte para llegar a su propio país.

EL UNIVERSAL solicitó información a la Embajada de México en Guatemala y al Consulado mexicano en San Pedro Sula, Honduras, sin obtener respuesta.

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El gobierno estadounidense no ha publicado cuánto ha gastado específicamente en enviar mexicanos a Guatemala y Honduras. Los contratos de ICE agrupan vuelos internacionales, traslados internos, tripulaciones, guardias, personal médico, combustible y operaciones aeroportuarias; no desglosan el costo por nacionalidad ni por esta ruta.

ICE adjudicó a CSI Aviation una orden para administrar vuelos chárteres entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Hasta finales de julio había comprometido aproximadamente mil 150 millones de dólares, con un valor potencial de mil 813 millones. Ese contrato cubre todo el programa ICE Air, incluidos traslados internos y deportaciones internacionales, no solamente Guatemala y Honduras. El vuelo desde Estados Unidos lo paga el Tesoro estadounidense con fondos asignados a ICE. El dinero llega al contratista principal CSI Aviation y de ahí a aerolíneas subcontratadas, tripulaciones, empresas de seguridad y prestadores aeroportuarios.

Después del aterrizaje, el costo cambia de manos. El presidente Bernardo Arévalo declaró: “Ellos están llegando en aviones de retornados guatemaltecos (...) No hay ninguna permanencia, no hay refugio, no hay figura que se pueda considerar una figura que constituye un tercer país seguro porque pasan en tránsito”.

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Añadió que “los gastos son sufragados por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por el gobierno estadounidense. En lo que va del año han ingresado 2 mil 284 mexicanos bajo este mecanismo”.

“Yo creo que están entrando este año. No vienen desde el año pasado. El año pasado puede haber habido ocasionalmente algún caso, pero es este año cuando han estado entrando y cuando se han hecho las coordinaciones con el gobierno mexicano para poder conducirlos inmediatamente a su país”, añadió.

“El gobierno mexicano debería darnos el apoyo para que podamos llegar a nuestros lugares; de por sí esto es traumático y con miedo y sin dinero, se hace una pesadilla”, señala José Hernández, mexicano quien fue deportado.

“No sabíamos a dónde nos iban a llevar, ya cuando iba en el avión escuché a muchos guatemaltecos y me quedé pensando hasta que llegamos a Guatemala y pues nos bajaron a todos”; originario de Veracruz, lo llevaron a Chiapas y desde ahí “tuve que arreglármelas igual que todos para ver cómo me iba a mi tierra; uno está asustado y casi sin dinero; uno no sabe qué va a pasar, qué hacer. Nos dan algo de apoyo, pero no alcanza”.

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Guatemala y Honduras reciben un pago de Estados Unidos por cada migrante recibido que no sea su connacional.

El gobierno mexicano puede cubrir algunos traslados, pero no existe una contabilidad pública que demuestre que cubre todos esos gastos. Esa es la razón por la que José Hernández tuvo que recurrir a sus familiares, “les llamé y les dije dónde estaba y que iba a necesitar que me enviaran dinero para poder hacer el viaje hasta Veracruz”.

El estadounidense Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios con sede en Washington, señaló que “no está claro si son ciudadanos mexicanos con necesidades de protección en su país de origen o si la administración simplemente hace esto para castigarlos”.

“El hecho de que lo hayan puesto en una ruta más larga y tediosa para llegar a su lugar, no produce por sí sola el derecho a recibir una indemnización, pero no quiere decir que no sea posible revisar el caso e intentarlo”, señala la abogada especialista en inmigración Ana González a este medio.

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