La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta 2031 todas las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación sobre Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, identificado como el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, tras ser secuestrado por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, y pese a que se pidió una versión pública, la fiscalía justificó la reserva, al asegurar que la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.

Argumentó que está imposibilitada para brindar la información, al señalar que se encuentra inmersa dentro de las investigaciones que lleva a cabo el agente del Ministerio Público de la Federación y su difusión puede comprometer la persecución de delitos.

De difundir la información, se pone en riesgo la seguridad nacional, indica la FGR. Foto: FGR
De difundir la información, se pone en riesgo la seguridad nacional, indica la FGR. Foto: FGR

Bajo estos argumentos, el 19 de agosto pasado, el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la clasificación de la información por un periodo de cinco años.

El pasado 15 de julio, la FGR confirmó que no sabía que El Jando fue el piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos, luego de ser secuestrado por Joaquín Guzmán López.

A través de una tarjeta informativa, la institución indicó que apenas en junio de este año encontraron indicios de que la voz y huellas dactilares coinciden con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a El Mayo y a Guzmán López, de Culiacán a Nuevo México.

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El 19 de agosto el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la clasificación de la información por cinco años. Foto: FGR
El 19 de agosto el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la clasificación de la información por cinco años. Foto: FGR

Seguridad nacional

En el oficio FGR/UETAG/0042 15/2026, la fiscalía argumentó que no podría entregar la información solicitada, al señalar que esto representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

Indica que sería un “riesgo real” porque se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal.

La FGR también justificó que existe un “riesgo demostrable”, ya que de entregar la información solicitada, se expondría la eficacia de la institución.

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“Y es un riesgo identificable, derivado de que la información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.

En la página 4, la FGR argumentó que de difundir documentos inmersos en la indagatoria se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas, lo que conlleva, afirma, una responsabilidad tanto de carácter penal como administrativa, al tener la obligación de guardar el estricto sigilo, secrecía y reserva de todos los registros contenidos en la indagatoria, ya que, con su divulgación, se corre el riesgo de vulnerar derechos de las personas involucradas.

Advertencia a funcionarios

En este sentido, la FGR advierte que la persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia y, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales correspondientes, así´ como la sanción administrativa respectiva al incumplir con el debido resguardo de los documentos e información bajo su responsabilidad.

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Por estas razones, el pasado 19 de agosto pasado el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la clasificación de la información por un periodo de cinco años.

“La clasificación fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General de la República en su Octava Sesión Ordinaria 2026, celebrada el 19 de agosto de 2026, en la cual se confirmó la clasificación de la información requerida por un periodo de cinco años o hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.

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