El destino final del buque cisterna interceptado recientemente por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales cercanas a Venezuela será el puerto de Galveston, en Texas. Según han confirmado funcionarios de la Administración Trump, el plan trazado por las autoridades norteamericanas contempla retener la embarcación una vez atraque en suelo estadounidense, pero permitir la salida de los marineros a bordo.
Durante el tránsito hacia la costa sur de Estados Unidos, el personal estadounidense ha estado realizando entrevistas a los miembros de la tripulación. Las autoridades han asegurado que se facilitará el traslado de estas personas una vez que el barco llegue a puerto, desvinculándolas de la incautación material de la nave y su carga.
El futuro de los barriles de crudo que transporta el buque, bautizado como Skipper, pasará por los tribunales. La Casa Blanca ha sido clara en su intención de quedarse con el cargamento, pero insiste en que se deben cumplir ciertos pasos jurídicos previos, que incluyen la recolección de pruebas y los testimonios de los tripulantes.

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Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicó este procedimiento durante una rueda de prensa citada por NBC News: "Existe un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal se seguirá".
Según la funcionaria, el gobierno no permanecerá inactivo mientras barcos sancionados navegan con recursos del mercado negro que, según su versión, financian el narcoterrorismo.
Al ser consultado sobre el destino final de la carga, el presidente Donald Trump ofreció una respuesta más directa a los periodistas el miércoles pasado: "Lo conservaremos, supongo".
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El historial del barco es una pieza clave en esta operación. Antes de llamarse Skipper, el buque fue identificado por el Departamento del Tesoro como Adisa. Las investigaciones de inteligencia lo vinculan a una red de contrabando operada por empresas fantasma asociadas a Viktor Artemov.
Según los reportes de sanciones de 2022, esta embarcación transportaba petróleo iraní con el fin de generar ingresos para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y para Hezbolá, eludiendo las restricciones internacionales.
La incautación ha elevado la temperatura diplomática y militar en el Caribe. En las últimas semanas, Estados Unidos ha reforzado su presencia en la zona con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, en lo que la administración describe como una lucha contra los cárteles de la droga.
La respuesta desde Caracas no se hizo esperar. El gobierno venezolano ha calificado la acción como un despojo de sus recursos naturales. Yván Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, expresó su rechazo a través de redes sociales.
"Las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela han quedado al descubierto. No se trata de la inmigración. No se trata del tráfico de drogas. No se trata de la democracia. No se trata de los derechos humanos", manifestaron.
Por su parte, Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones en tribunales federales estadounidenses, evitó mencionar directamente el barco en su alocución a los agricultores, pero lanzó una advertencia sobre la disposición de su país ante el conflicto: "No es momento para cobardes, es momento de combatir".
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