El gobierno de El Salvador admitió ayer que urge “mejorar” las condiciones socioeconómicas y de seguridad internas para desestimular la migración irregular y recibir, a partir de septiembre de 2019, a 190 mil salvadoreños que deberán salir de Estados Unidos luego de que canceló el Programa de Estatus Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y les concedió 18 meses para abandonar su territorio o regularizar su situación.

En un reconocimiento implícito de que la migración es provocada por la grave situación socioeconómica y de violencia en El Salvador, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que persiste el “reto de seguir ofreciendo más y mejores condiciones” para que eviten migrar.

En conferencia con la embajadora de EU en El Salvador, Jean Manes, indicó que es necesario impulsar planes de emprendedores, educación y empleo para acoger a los que sean deportados y que la solución “permanente” es que el Congreso de EU adopte una le-
gislación migratoria integral.

Manes precisó que los 190 mil en riesgo de deportación son 12% de los poco más de un millón y medio de salvadoreños que viven en EU.

“Detrás de cada persona [acogida al TPS] hay una familia”, dijo, al revelar que los hijos nacidos en EU de salvadoreños favorecidos con el programa suman unos 192 mil.

Sobre la posición que adoptará Washington —que aconseja a los estadounidenses evitar viajar a El Salvador por la violencia— cuando los hijos nacidos en EU deban migrar a ese país si sus padres son deportados, Manes dijo que la separación es “difícil”.

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En redes sociales, Manes reafirmó el compromiso de EU de apoyar los esfuerzos para “construir” un país “más próspero y seguro”.

Los migrantes son clave para la economía de El Salvador, por las remesas familiares que en más de 97% proceden de EU. Según cifras oficiales preliminares sumarían unos 5 mil millones de dólares en 2017.

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