Quito.— La Prefectura de la provincia ecuatoriana de Pichincha, cuya capital es Quito, creó un “corredor ciudadano” para trasladar desde la frontera con Colombia, en autobús, a emigrantes venezolanos que intentan llegar a Perú en busca de mejores oportunidades de empleo, a días de que Lima endurezca sus requisitos migratorios.

El objetivo es atender la compleja situación de los venezolanos que se arriesgan a caminar por las carreteras ecuatorianas, tras haber atravesado de esa misma forma Colombia, con la intención de llegar a Perú, indicó a la agencia EFE Sebastián del Salto, asesor de la Prefectura de Pichincha. Seis autobuses con 42 emigrantes cada uno partieron en caravana hasta la ciudad de Huaquillas, fronteriza con Perú, explicó Del Salto.

“Vamos hacia Perú. Pasamos varios días esperando una solución en la frontera con Colombia... No hay vuelta atrás, devolverse a Venezuela es suicida”, dijo Maly Avilés, de 26 años y quien viaja rumbo al sur junto a varios amigos. Miles de personas han huido de Venezuela en el último año debido a la profunda crisis económica que asola al país petrolero.

Los venezolanos tienen premura de llegar a Perú antes del sábado, cuando el gobierno de ese país comenzará a aplicar la regulación de pasaporte obligatorio para su ingreso. La Prefectura de Pichincha facilita también a los venezolanos “hidratación y comida”, así como atención sanitaria.

Según el canciller ecuatoriano, José Valencia, unos 50 mil venezolanos gestionan al momento su visado en Ecuador, país en el que, calcula, hay alrededor de 200 mil ciudadanos de esa nacionalidad. Frente a esta situación, Valencia urgió a Venezuela a arreglar su situación interna “por el bien de su país, en primer lugar, y por supuesto con respecto a los efectos que esa situación puede generar en otras naciones”.

El martes, Ecuador convocó a 13 gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Nicolás Maduro, a una reunión de cancilleres para el 17 y 18 de septiembre a fin de discutir el flujo migratorio de venezolanos.

El gobierno colombiano también señaló que su país “no tiene la capacidad” para hacer frente en solitario a la crisis migratoria venezolana. Por ello, el canciller Carlos Hoilmes Trujillo dijo que su país propondrá a Naciones Unidas la designación de un enviado especial para que coordine una respuesta regional a este tema.

El gobierno también espera que se avance “en la idea” de un “fondo multilateral de emergencia” para atender a los cientos de miles de venezolanos que están migrando hacia el sur del continente en condiciones difíciles.

Fijan precios a 25 alimentos. En tanto, el gobierno venezolano fijó los precios de 25 alimentos básicos, manteniendo el férreo control vigente desde hace 15 años, en momentos en que trata de contener una persistente hiperinflación y levantar una economía que lleva cinco años en recesión.

El presidente Maduro autorizó una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros al bolívar, devaluó la moneda en 96%, estableció un salario mínimo 60 veces más alto e incrementó los impuestos. Según el jefe de Estado venezolano, estas acciones tienen como fin “recuperar” la economía, pero la oposición, economistas y empresarios tienen dudas de su eficacia y temen que se profundice la crisis económica, al aumentar la carga sobre las casi paralizadas empresas y comercios.

El gobierno publicó la lista con los precios de esos 25 alimentos y en la que dice que 30 huevos deben costar 81.50 bolívares soberanos (1.3 dólares), pese a que el martes en los mercados se vendían por 120 bolívares soberanos (2 dólares).

Por la noche, las autoridades informaron que al menos siete personas fueron detenidas por no respetar los nuevos precios de los alimentos bajo la regulación.

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