Detenciones en Cataluña desatan ola de protestas

La tensión desbordó ayer Cataluña a dos semanas del referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre. La detención de 14 altos cargos del gobierno catalán acusados de preparar la votación ocasionó las primeras manifestaciones espontáneas contra la policía en Barcelona.

Los políticos fueron arrestados durante los registros que la Guardia Civil hizo ayer en edificios del gobierno catalán, entre ellos los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación, con el fin de encontrar pruebas de la organización del referéndum, que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional español.

Miles de personas se concentraron en la Gran Vía de Barcelona al grito de “Votarem” (“votaremos”) para protestar por la operación policial, la cual defendió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy con el argumento de que “se ha hecho por decisión del juez para que se cumpla la ley”.

El gobierno español siempre ha declarado su deseo de obrar con “proporcionalidad” y evitar imágenes de violencia que lo desprestigien en el extranjero y alimenten el victimismo independentista. Sin embargo, los expeditivos métodos empleados ayer crearon por primera vez la impresión de que el 1 de octubre la desobediencia de la Generalitat (el gobierno autónomo catalán) puede terminar con enfrentamientos físicos entre la policía y los independentistas.

El ministerio del Interior suspendió desde ayer hasta el 5 de octubre los permisos de todos los agentes que se están desplazando a Cataluña para evitar disturbios.

En la ofensiva de ayer los agentes también requisaron 10 millones de papeletas para la votación. Junto con la incautación de las copias del censo electoral del martes, esta operación supone un golpe letal a la posibilidad de organizar un referéndum.

Ante las protestas, Rajoy declaró que “la desobediencia es un acto totalitario. Cada vulneración de la ley tendrá su respuesta firme”. Pero la imagen del gobierno en el exterior se resiente. Ayer Carles Puigdemont, el presidente catalán, difundió un comunicado en inglés, alemán, portugués, francés y castellano que encontró gran eco en la prensa europea.

En él aseguraba que España “ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado el Estado de excepción”, con lo que “ha sobrepasado la línea roja que lo separaban de los gobiernos represivos”. Recordó que las cuentas de la Generalitat han sido intervenidas por el ministerio de Hacienda español para evitar que hagan pagos relacionados con el referéndum.

La severidad de estas últimas actuaciones y de otras han hecho que el conflicto rebase el enfrentamiento entre posturas soberanistas catalanes y españolistas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en principio no apoyó el referéndum, llamó ayer los barceloneses a salir a la calle para frenar la “deriva represora” de Rajoy.