Madrid.- España sigue buscando a sus más de 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista para exhumar sus restos y que los familiares de los represaliados puedan ofrecerles al menos un entierro digno.
Sin embargo, a pesar de los avances para enmendar la situación tras los esfuerzos legislativos de los últimos gobiernos socialistas, las labores de rescate de la memoria democrática son aún muy insuficientes en España , que sigue figurando a nivel mundial en lugar destacado por el elevado número de personas que, desde su contienda civil (1936-1939), se hallan en paradero desconocido.
Las leyes con las que el país ibérico busca reconciliarse con su pasado más lúgubre, llegan después de que organismos internacionales señalaran repetidamente a España por su falta de voluntad para localizar a decenas de miles de desaparecidos y resarcir a los familiares de las víctimas del franquismo .
Entre los países que tienen cuentas por saldar debido a las numerosas desapariciones forzosas producidas en diferentes etapas de su historia y que siguen sin resolverse, se encuentran también Camboya , China , Vietnam , Corea del Norte , Irak , Siria , México , Colombia , Argentina , Guatemala y El Salvador , según refieren organizaciones humanitarias.
El caso de Camboya merece una mención aparte por sus dimensiones extraordinarias, porque el país asiático suma más de un millón 700 mil ejecutados, muchos de ellos desaparecidos, como consecuencia de la represión generalizada que llevó a cabo el régimen de los Jemer Rojo (Pol Pot) en la década de los 70 del siglo pasado en busca del “enemigo interno”, operación que fue calificada de genocidio y cuyas consecuencias permanecen en el limbo.
La mayoría de las veces es la desidia o la complicidad de los gobiernos las que impiden la localización de las víctimas y el señalamiento de los culpables de las desapariciones para que la justicia actúe contra ellos, en el supuesto de que los crímenes no hayan prescrito.
“En todos los casos [de desaparecidos] hay un denominador común: sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad. Los efectos económicos en algunas de estas familias pueden ser muy negativos, ya que la legislación de numerosos países obliga a presentar un certificado de defunción para poder optar a ayudas o pensiones económicas”, advierte Amnistía Internacional (AI).
“La desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, agrega AI.
En España, la derecha en su conjunto rechaza las leyes de Memoria Democrática por considerar que atentan contra la reconciliación de los españoles y abren heridas que estaban cerradas. Cuando el derechista Partido Popular (PP) gobierna, llega incluso a bloquear recursos y a torpedear cualquier iniciativa de la izquierda para avanzar en la ubicación de los desaparecidos. Por su parte, los socialistas ningunearon durante años el problema, lo que ha contribuido a que obstáculos políticos, burocráticos y judiciales impidan que, a pesar del mucho tiempo transcurrido, el Estado ibérico pueda completar el mapa de las fosas comunes y proceder a la reparación de los daños ocasionados durante el franquismo.
La nueva Ley de Memoria Democrática impulsada por la izquierda y los pequeños partidos nacionalistas que refuerza la normativa anterior y que tendrá que superar el trámite parlamentario, contempla entre otros objetivos un plan para avanzar en la búsqueda de personas represaliadas en su momento, por lo que se creará un banco de ADN y se facilitará acceso a los archivos y fondos de consulta para que los investigadores conozcan lo que sucedió.
También se prevé la puesta de marcha de una Fiscalía de sala de memoria democrática que investigará todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la localización de las víctimas. La ley contempla asimismo una reparación moral , no patrimonial . La memoria democrática, además, será un contenido curricular en la educación, tanto en secundaria como en bachillerato y formación profesional.
La nueva normativa garantiza la resignificación del Valle de los Caídos , monumento construido por Franco para exaltar su cruzada y buscará evitar el enaltecimiento del golpe de Estado militar contra la República legalmente constituida, retirando símbolos y títulos nobiliarios, además de modificar la ley vigente para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo.
Sin embargo, la nueva ley no convence a las asociaciones memorialistas de España que califican el texto de excesivamente tibio. Las organizaciones que representan a los familiares de los desaparecidos buscan que la normativa deje claro quiénes son los victimarios y por qué lo hicieron y que se clasifiquen los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, para que sean imprescriptibles.
También demandan, entre otros reclamos, que se cree una oficina estatal de atención a todas las víctimas del franquismo y que se haga una condena pública y solemne a nivel oficial, además de que no se cierre la puerta de las compensaciones económicas a los familiares de las víctimas.
“Es una ley que habla de hacer un censo de víctimas, pero no de verdugos. Habla de justicia, pero no se va a juzgar a nadie. Habla de reparación, pero no se va a indemnizar a las víctimas de los desaparecidos”, señala a EL UNIVERSAL Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
“Lo que decimos es que los derechos humanos no se subvencionan. Los derechos humanos se garantizan”, subraya Silva, cuyo abuelo desapareció tras ser fusilado por los franquistas en el inicio de la guerra civil. Tras muchos años y esfuerzos, sus restos fueron finalmente localizados en el 2000, en una fosa común del noroeste de España.
“Escondieron su cadáver y a mi familia le quitaron todo lo que tenía”, denuncia el presidente de la ARMH , antes de subrayar que la nueva Ley de Memoria Democrática no supone un paso hacia el final de la impunidad del franquismo.
“Es una ley que no amenaza el estatus económico , político o simbólico de quienes se aprovecharon de la dictadura para asesinar, robar, apropiarse o medrar”, lamenta.
Se crea un modelo de búsqueda de desaparecidos que es una subcontrata, mediante subvenciones y canalización de recursos a través de ayuntamientos, con lo cual, si te topas con un municipio que no quiere saber nada del tema, pues ya no tienes ese derecho, agrega Silva.
Naciones Unidas
incluyó en 2002 a España en la lista de países con desaparecidos forzosos, tras aceptar parcialmente una denuncia con 64 víctimas. Desde entonces ha denunciado la falta de investigación de los crímenes franquistas , además de instar al país ibérico a asumir sus obligaciones internacionales, entre ellas la aprobación de presupuestos para exhumar los restos de los represaliados.
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. Los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (junio 2016), señalan que desde 1980 siguen abiertos 44 mil159 casos en 91 Estados.
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